El Juzgado de Mayor Riesgo C retomó este martes, 14 de octubre, la audiencia de fase intermedia del caso Diario Militar o Dossier de la Muerte, donde se investigan supuestas desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de la humanidad.
Los procesados en este expediente son: Toribio Acevedo Ramírez, Maldred Orlando Pérez Lorenzo, Edgar Virginio de León Sigüenza y Alix Leonel Barillas Soto. Solo tres de ellos comparecieron de forma presencial y el cuarto participó por medio de videoconferencia.
Durante la diligencia, una de las partes querellantes, compuesta por organizaciones sociales y familiares de las víctimas, manifestó ante el tribunal su intención de que los fiscales a cargo del caso sean removidos, ya que pretenden cerrar el caso.
Es por ello que la continuidad del proceso judicial fue reprogramada para enero, a la espera de que el Ministerio Público (MP) confirme si mantienen a los fiscales a cargo del caso o los remueve.
El planteamiento para cerrar el caso se hizo el pasado 7 de octubre por el fiscal José Crisanto Gómez Meléndez, en representación del MP, durante la etapa intermedia del proceso judicial, una acción ampliamente criticada por la otra parte querellante.
Precisamente por ello las organizaciones humanitarias y familiares de las víctimas que conforman la parte querellante junto al Ministerio Público decidieron este martes no sentarse al lado de la Fiscalía, en rechazo a sus acciones.
Santiago Choc, abogado de Famdegua, indicó que los fiscales tienen un interés de favorecer a los sindicados y que los hechos queden en impunidad. Por ello, se plantearon los recursos para separar a la Fiscalía del Derechos Humanos, representada por Noé Rivera y José Crisanto Gómez Meléndez.
Acerca del caso Diario Militar
El caso está basado en el denominado 'Diario Militar', un documento filtrado en 1999 por la investigadora Kate Doyle del Archivo de Seguridad Nacional (NSA, en inglés), de la Universidad George Washington, en Estados Unidos, donde se detalla la atrocidad del Estado frente a la contrainsurgencia durante la guerra interna en Guatemala.
Los sindicados están acusados de realizar operaciones clandestinas desde las estructuras del Estado Mayor Presidencial y la Dirección de Inteligencia de la desaparecida Policía Nacional de Guatemala, entre 1983 y 1985, durante una de las épocas más sangrientas del conflicto armado, que duró 36 años (1960-1996).
* Con información de la agencia de noticias EFE y Omar Solís, Emisoras Unidas.
