El Juzgado Décimo Penal resolvió ligar a proceso al abogado Ramón Cadena por su presunta implicación en el caso denominado "Toma Usac: Botín Político". La audiencia de primera declaración concluyó en horas de la noche del pasado jueves 20 de noviembre.
El profesional del derecho era señalado de cuatro delitos; sin embargo, tras analizar los indicios presentados por el Ministerio Público (MP) y los argumentos de la defensa y demás partes, el juez Víctor Cruz consideró dictar auto de procesamiento únicamente por dos de ellos.
En ese sentido, Cadena será investigado por presuntamente cometer los cargos de usurpación en forma continuada y depredación de bienes culturales. Mientras tanto, se le otorgó falta de mérito por sedición y asociación ilícita.
Asimismo, fue beneficiado con medidas sustitutivas que consisten en arresto domiciliario, prohibición de comunicarse con los demás sindicatos, prohibición de salir del país sin autorización judicial y presentarse una vez al mes al Ministerio Público para firmar el registro correspondiente.
Mientras tanto, la audiencia de etapa intermedia fue programada para el 11 de mayo 2026, a las 12:00 horas.
"Toma Usac: Botín Político"
En noviembre de 2023, el MP presentó el caso "Toma Usac: Botín Político" que surgió en seguimiento a una denuncia presentada en junio de 2023 por parte de las autoridades universitarias. Esto se dio luego de que les fueron entregadas las instalaciones de la casa de estudios tras un año de permanecer tomadas en el marco de las protestas contra la elección de Walter Mazariegos como rector.
A pesar de que se trató de acciones de parte de grupos de estudiantes que se extendieron a distintas sedes del país, basadas en señalamientos de posible fraude para llevar a Mazariegos al poder, el MP señaló que los medios de investigación muestran otro escenario.
"Se evidencia que el objeto real de la toma de la Usac fue la comisión de delitos para postular y apuntalar a candidatos de partidos políticos a los máximos cargos de elección popular, entiéndase Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados al Congreso de la República, entre otros", destacó la fiscalía.
Agregó que, de esta forma, se advierte que los imputados intentaron engañar a más de 17 millones de guatemaltecos al hacer parecer las acciones como legítimas y en beneficio de la sociedad, cuando en realidad se trataba de intereses políticos.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
