En el marco del Día Mundial del Refugiado, organizaciones integrantes de la Red Nacional de Protección hicieron un llamado al Estado de Guatemala, a la comunidad internacional y a distintos actores sociales para fortalecer el sistema de protección internacional y garantizar los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en el país.
Durante un pronunciamiento emitido este jueves, 18 de junio, con motivo de los 75 años de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, las organizaciones destacaron la resiliencia de millones de personas que han sido forzadas a abandonar sus países debido a la violencia, los conflictos y la persecución, al tiempo que reconocieron la solidaridad del pueblo guatemalteco hacia quienes buscan protección.
Según datos citados del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), entre el año 2000 y junio de 2026 Guatemala ha reconocido la condición de refugiado a 1,718 personas. Asimismo, desde 2021 se han registrado aproximadamente 7,000 solicitudes de reconocimiento de refugio, de las cuales unas 3,600 continúan en trámite. Actualmente, alrededor de 6,000 personas con necesidades de protección internacional residen en el país.
Las organizaciones señalaron que Guatemala ha adquirido un papel cada vez más relevante como país de origen, tránsito, acogida, retorno y reintegración de personas en situación de desplazamiento. En ese contexto, advirtieron que los recientes acuerdos regionales para la recepción y evaluación de personas con necesidades de protección internacional representan nuevos desafíos para el sistema nacional de asilo.
Llamado a la solidaridad para los refugiados
En conferencia de prensa se dio lectura a un documento en el que los firmantes reconocieron los esfuerzos realizados por las instituciones públicas, especialmente el Instituto Guatemalteco de Migración, para garantizar el acceso al procedimiento de determinación de la condición de refugiado. Sin embargo, exhortaron a fortalecer el sistema mediante procesos más ágiles, accesibles y con plenas garantías de debido proceso.
Entre los principales puntos del pronunciamiento, las organizaciones manifestaron preocupación por el debilitamiento de los servicios humanitarios derivado de los recortes presupuestarios globales que afectan a agencias internacionales y organizaciones implementadoras. Según indicaron, esta situación ha provocado la reducción o cierre de operaciones, limitando el acceso a servicios esenciales como salud, vivienda, educación y medios de vida para las poblaciones más vulnerables.
Asimismo, resaltaron el papel fundamental de las comunidades de acogida, organizaciones locales y redes comunitarias en la protección e integración de personas refugiadas, desplazadas y retornadas, especialmente aquellas que regresan desde Estados Unidos y México en condiciones de vulnerabilidad
.Piden fortalecer accesibilidad y calidad de servicios
Como parte de sus demandas, las organizaciones solicitaron a las instituciones del Estado fortalecer la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios dirigidos a personas refugiadas y solicitantes de asilo, así como garantizar recursos suficientes para el funcionamiento del sistema de protección internacional.
También instaron a la comunidad internacional a mantener su apoyo a las acciones humanitarias en Guatemala y a evaluar el impacto de los recortes presupuestarios en la atención de las personas en movilidad humana.
Finalmente, la Red Nacional de Protección reafirmó su compromiso de acompañar y defender a las personas que se han visto obligadas a huir de sus países, reiterando que la protección internacional debe mantenerse como un principio fundamental para garantizar la dignidad, seguridad y derechos humanos de quienes buscan refugio.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.
