El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, planteó una reforma al segundo párrafo del Artículo 264 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92, relativo a la prisión preventiva, para limitar la aplicación de medidas sustitutivas a personas detenidas por delitos vinculados a la portación ilegal de armas de fuego.
Durante una citación ante la Comisión de Gobernación del Congreso de la República, el ministro del interior explicó su propuesta resaltando que la legislación vigente establece que la reincidencia se aplica cuando se tiene una condena previa. Sin embargo, "una persona detenida anteriormente por portación ilegal de armas, pero que no ha sido sentenciada, puede volver a beneficiarse de esta medida", aseguró.
Villeda consideró que esta situación representa un riesgo en las investigaciones y en la seguridad pública, particularmente ante el incremento de la circulación ilegal de armas. El portal del Congreso de la República indicó que Villeda estimó que en Guatemala circulan alrededor de 1.6 millones de armas de fuego de manera ilegal.
Asimismo, el funcionario señaló que, aproximadamente, el 80% de las armas incautadas son de procedencia ilícita. "Las cifras presentadas ante los diputados reflejan además la dimensión del problema. Entre 2025 y 2026 las fuerzas de seguridad han incautado tres mil 835 armas, y en el primer trimestre de este año las detenciones por este delito aumentaron 32%", aseguró Villeda.
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Control telemático como medida sustitutiva
Villeda mencionó que otro desafío es el hacinamiento de las cárceles, el cual aseguró que está cercano al 300%, con más de 24 mil personas privadas de libertad bajo la responsabilidad de unos cuatro mil agentes penitenciarios. El funcionario indicó que, de esa población, entre 10 mil y 11 mil personas permanecen en prisión preventiva.
Ante este escenario, la propuesta sobre las medidas sustitutivas en las detenciones por portación ilegal de armas de fuego, también establece incorporar el control telemático para reemplazar este beneficio para personas detenidas por delitos menores.
"Según el ministro, su aplicación podría beneficiar a unas cuatro mil personas que actualmente están en prisión preventiva", informó el portal del Congreso de la República.
