El Ministerio Público (MP), bajo la administración del fiscal general Gabriel García Luna, mantiene abiertas investigaciones relacionadas con la extitular de esa institución, María Consuelo Porras Argueta, quien finalizó su gestión hace cuatro meses después de cumplir dos períodos consecutivos en el cargo.
La información al respecto fue revelada por García Luna durante una conferencia de prensa este viernes, 25 de septiembre, que brindó para revelar los hallazgos realizados en la institución, los avances que se han tenido y las hojas de ruta en los distintos ejes.
Al ser preguntado por periodistas con respecto a posibles casos que hayan surgido contra su antecesora, quien está señalada de posible corrupción y tiene sanciones internacionales vigentes, el funcionario respondió:
"De la anterior fiscal, existe una serie de denuncias. Todas se están investigando. En cuanto a la de adopciones ilegales, también se encuentra un fiscal especial en esa investigación".
García Luna evitó dar detalles de las investigaciones en contra de la exfuncionaria y de otros casos ya que, según argumentó, podrían alertar a posibles implicados.
García Luna asumió el pasado 17 de mayo en sustitución de Porras, y su llegada al cargo ha generado expectativa frente a la experiencia del período anterior, marcado por las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra la exfiscal general y otros funcionarios bajo señalamientos de corrupción y por socavar la democracia.
Caso de adopciones ilegales
En febrero de 2026, un grupo de expertos de la Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un pronunciamiento en el que pidió "investigaciones independientes" y expresó su preocupación con respecto a supuestas anomalías que se habrían dado en el traslado de menores guatemaltecos y de otros países de la región en el que podría estar vinculada la exfiscal general, Consuelo Porras.
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, compartió en esa ocasión en sus redes sociales el pronunciamiento relacionado con el tema y señaló que los hechos irregulares se habrían dado entre los años 1968 y 1996.
Los afectados serían al menos 80 niños y niñas de los pueblos indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el "Hogar Temporal Elisa Martínez" después de su captura y desaparición forzada.
En el 40 % de estos casos, la identidad de los niños fue cambiada, y nueve menores fueron puestos en adopción entre enero y agosto de 1982. Los documentos, revelados por el periódico El Faro, muestran que la extitular del MP se involucró en adopciones cuestionadas no solo para niños guatemaltecos, en su mayoría indígenas, sino también para hijos de madres de El Salvador y Honduras.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió en abril rechazar in limine la solicitud de retiro del derecho de antejuicio planteada en contra de la entonces fiscal general por su presunta vinculación con este caso.
