Luego del veto al Decreto 23-2026, el Congreso de la República aprobó de Urgencia Nacional el Decreto 30-2026, que contiene reformas al Decreto 51-92, Código Procesal Penal, con el propósito de garantizar que la prisión preventiva se aplique conforme a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados internacionales de derechos humanos.
El diputado Alvaro Arzú Escobar, presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, indicó que con esta Ley no se están abriendo las puertas de las cárceles, ya que, hay delitos como asesinato, maras, narcotráfico, violaciones en temas sexuales no van incluidas. "Ello no tiene medida sustitutiva. Esas personas no van a salir de las cárceles", manifestó.
Añadió que, tras el veto presidencial, se entablaron reuniones con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en la nueva Ley se aclararon temas como el plazo de vigencia que será en un año, tiempo necesario para implementar los nuevos juzgados y la Unidad de Medidas de Coerción y otros temas de redacción, por lo que, espera que el Ejecutivo sancione la normativa. "Que la prisión preventiva sea la excepción y no la norma".
La normativa reafirma que la medida debe ser excepcional, necesaria, proporcional y de duración limitada y que en ningún caso debe convertirse en una pena anticipada; esta, fue respaldada con el voto de 143 diputados.
La Ley consta de 17 artículos y plantea una actualización del Código Procesal Penal, vigente desde 1994, cuyo modelo acusatorio establece que la libertad debe ser la regla y su restricción, la excepción.
El Decreto reforma 11 Artículos del Código Procesal Penal. Entre los principales cambios figura la modificación del Artículo 259, contenida en el Artículo 2 de las reformas, donde establece que ninguna persona podrá ser ingresada a un centro de detención o privación de libertad sin que previamente haya celebrado su audiencia de primera declaración.
Asimismo, dispone que la prisión preventiva únicamente podrá ordenarse cuando previamente un auto de procesamiento, sustentado en la existencia de un hecho punible y en motivos racionales suficientes para considerar que el sindicado pudo haberlo cometido o participado en él.
La reforma también reafirma que la libertad no debe restringirse más allá de los límites estrictamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Por ello, la prisión preventiva sólo podrá decretarse cuando haya elementos que justifiquen el peligro de fuga o el riesgo de obstaculización de la averiguación de la verdad.
Con información de Congreso*




