Nota de EU89.7
Diputados definen que el contador será responsable del delito de financiamiento electoral ilícito

Congreso aprueba de urgencia nacional el Decreto Legislativo 14-2017, que contiene las reformas al Código Penal, relacionadas con el delito de financiamiento electoral ilícito propuesta por las bancadas Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Movimiento Reformador (MR), en la cual destaca que el contador será el responsable la falta. La reforma de los artículos …

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Congreso aprueba de urgencia nacional el Decreto Legislativo 14-2017, que contiene las reformas al Código Penal, relacionadas con el delito de financiamiento electoral ilícito propuesta por las bancadas Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Movimiento Reformador (MR), en la cual destaca que el contador será el responsable la falta.

La reforma de los artículos 407 “N”, 407 “O” y 407 “P” del Código Penal y sus reformas, quedarían de la siguiente forma:

  • 407 “N”. Comete el delito de financiamiento electoral ilícito quien reciba o proporcione recursos para el financiamiento de organización político, con motivo de actividades permanentes, de campaña o eventos electorales, a sabiendas que dichos aportes provienen del narcotráfico y otras actividades delictivas del crimen organizado. El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco a diez años y multa de doscientos a quinientos mil quetzales.
  • 407 “O”. Comete el delito de financiamiento electoral no registrado, el contador de la organización política que teniendo conocimiento, no registren en los libros contables, las aportaciones dinerarios y no dinerarias recibidas por la organización política con motivo de actividades permanentes, de campana o eventos electorales. El responsable de este delito será sancionado con prisión de uno a tres años.
  • 407 “P”. Comete el delito de financiamiento electoral, la persona individual o jurídica que realice aportaciones dinerarias o no dinerarias de manera anónima, destinadas para el financiamiento de organizaciones políticas, con motivo de actividades permanentes, de campana o eventos electorales. El responsable de este delito será sancionado con prisión de dos a cuatro años y multa del veinte por ciento del monto total de la aportación realizada.

En todos los casos le corresponde al Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentar la denuncia de tales delitos, luego de estar en firme el informe final de auditoría de la organización política.

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