La comunidad internacional ha intentado esta semana contener la sangría en Nicaragua con condenas a la violencia y peticiones para un adelanto electoral, pero le ha faltado contundencia con una respuesta tardía que rebosa contenido simbólico pero carece “de dientes”.
Según expertos consultados por Efe, la brutal toma de ciudades controladas por la oposición, como Masaya, o los ataques a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) han provocado la condena conjunta de 13 naciones de Latinoamérica y de organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA).
“No pasará de la noche a la mañana, pero la presión internacional y las condenas impactarán en el Gobierno. Si las manifestaciones y la presión interna continúan a niveles altos y la oposición internacional crece, entonces el Ejecutivo se verá forzado a entablar negociaciones serias”, dijo a Efe el experto Geoff Thale.
Este analista de la organización Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA) consideró que la ONU y la Unión Europea (UE) habían jugado un papel menos relevante que la OEA, pero esta semana asumieron su responsabilidad.
El 17 de julio, mientras policías y paramilitares tomaban Masaya, la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, llamó al Gobierno nicaragüense a poner “fin inmediato a la violencia”, que en tres meses ha dejado 277 muertos y más de 2.000 heridos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los ministros de Exteriores de los 28 países de la UE y los 33 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebraron esta semana en Bruselas una reunión, que acabó con una declaración en la que se pedían “elecciones libres y justas”, sin mencionar a Nicaragua ni a Venezuela.
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Ante la falta de consenso sobre Nicaragua, 13 miembros de la Celac (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) solicitaron en un comunicado al Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que participe “constructivamente en negociaciones pacíficas”.
Para el director del centro de análisis Diálogo Interamericano, Michael Shifter, uno de los “avances más importantes” ha venido de la OEA, que ha aprobado una resolución para exigir a Ortega un adelanto de las elecciones fijadas para 2021, pero que carece de “dientes” porque no responsabiliza al Ejecutivo de la violencia.
No obstante, en opinión de Jennifer McCoy, experta en Latinoamérica de la Universidad estatal de Georgia, “la respuesta internacional a la erosión gradual de la democracia en Nicaragua durante la última década ha sido esporádica y mínima”.
El malestar en Nicaragua se ha ido gestando durante años con denuncias de fraude de la oposición durante los comicios municipales de 2008 y los dos últimos presidenciales, en 2011 y 2016, en los que Ortega se presentó a la reelección, pese a que en un principio lo impedía la Constitución.
McCoy recuerda que después de las elecciones de 2008 EE.UU. y la UE redujeron la ayuda a Nicaragua, pero tras la reelección de Ortega en 2011 y su acercamiento al sector privado, la comunidad internacional “miró hacia otro lado” y dejó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldara al Ejecutivo.
Los expertos coinciden en que la presión internacional es un factor que podría ayudar a resolver la crisis, pero no será decisiva y dependerá de la capacidad de la oposición para desafiar al Gobierno, que intensificó la represión ante el 39 aniversario de la revolución sandinista.
Oposición apoya a obispos y está lista para retomar diálogo en #EUNicaragua.
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Sin embargo, la directora del programa latinoamericano del centro de estudios Wilson Center, Cynthia Arnson, asegura que la comunidad internacional aún no ha mostrado todas sus cartas y podría tomar “medidas más contundentes”, por ejemplo congelando los préstamos a Nicaragua del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Solo el BM se ha comprometido a prestar a Nicaragua 566 millones de dólares, de acuerdo a datos del 6 de abril de 2018, antes de las protestas.
El levantamiento popular contra Ortega comenzó el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se ha convertido en un reclamo que pide su renuncia, después de 11 años en el poder.
