Luego de que la jueza pesquisidora recomendara retirar la inmunidad a la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, para que sea investigada por supuestamente haber cometido el delito de financiamiento electoral ilícito, durante la campaña de 2015, dos constitucionalistas se refirieron al caso.
La parlamentaria asegura que se trata de una persecución política por una probable participación de la exfiscal Thelma Aldana con la agrupación que ella representa, y exige una investigación más profunda del caso.
Luis Lam Padilla, abogado constitucionalista, y exsecretario privado del Ministerio Público (MP), fueron invitados por el programa A Primera Hora para platicar acerca del este asunto.
Luis Lam Padilla
La jueza recomendó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirar la inmunidad a la diputada Montenegro. Ahora la CSJ tendrá que analizar que el antejuicio no sea por temas políticos, que las causas no sean ilegítimas o espurias.
Hay que recordar que en el tema del financiamiento electoral ilícito, que es del que se acusa a la parlamentaria, cuando se interpuso la denuncia del MP contra Montenegro, se hizo con el artículo que estaba vigente en ese momento y que fue modificado. La CSJ deberá analizar ese contexto.
La defensa plantea que hay errores administrativos y que por eso no se hizo la notificación exacta al TSE. Es algo que la CSJ tendrá que evaluar con la reforma del financiamiento electoral. Para ver si a estas alturas aún encuadra la solicitud.
No hay que olvidar que en el caso de Orlando Blanco, de la UNE, un juez de la misma categoría declaró que había falta de mérito. También en el caso del presidente Jimmy Morales, por el mismo delito, la CSJ dijo sí al trámite, pero la reforma al artículo sobre el tema sirvió para que la pesquisidora en el Congreso señalara que no encuadraba.
Javier Monterroso
Todo caso es diferente. Aunque la CSJ haya fallado que sí en el caso del presidente Morales eso no significa que falle de la misma forma con el de Montenegro.
Las conductas son distintas, aunque la responsabilidad como secretario de partido está establecida en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Recordemos que este es un caso de Cicig, mediante el cual se solicitó retirar la inmunidad a Montenegro, y que hay elementos de financiamiento que no fueron reportados por EG, es más, tercerizados en cuentas en Panamá, que Montenegro dice que no sabía, pero que la Cicig tiene pruebas de que sí se dieron los aportes.
Tanto en derecho administrativo como en derecho penal, la CSJ deberá determinar si procede o no retirar la inmunidad. Ahora, retirar el antejuicio no significa que la persona es culpable. Significa que la solicitud no es política ni espuria y que merece ser investigada.
Creo que los magistrados sí van a retirarle la inmunidad a la diputada Montenegro, lo cual tiene repercusiones para el partido y para ella. Si eso ocurre, no podría participar en las elecciones de este año. Eso es trascendental para su futuro político.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 9, 2019
Escuche nuevamente el programa aquí: ▼
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