Los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial aprobaron una nueva disposición para evaluar de “urgencia nacional” a jueces y magistrados que buscan postularse para cargos en la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones.
De acuerdo con el juez Carlos Guerra, presidente del Consejo, no será necesario un reglamento para evaluar a los juzgadores, ya que, según él, así lo dispuso la Corte de Constitucionalidad (CC).
A mediados de septiembre la CC ordenó a las comisiones de postulación que se repita el proceso de designación de lista de candidatos a magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones.
Entre el argumento resaltó que “ambas autoridades (Postuladoras) actuaron en inobservancia del artículo 76 de la Ley de la Carrera Judicial, en tanto recibieron expedientes presentados directamente por jueces y magistrados (miembros de la carrera judicial) de forma directa y no por medio del Consejo de la Carrera Judicial, como indica el artículo citado”.
En adición, el Organismo Judicial (OJ) rechazó por tercera ocasión un proyecto de reglamento de la Ley de la Carrera Judicial, entregado por el Consejo de la Carrera Judicial. De acuerdo con un comunicado emitido por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 21 de enero pasado la propuesta tiene “falencias” e “ilegalidades”.
Según ellos, el proyecto de reglamento interfiere con la competencia administrativa de la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia del Organismo Judicial.
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Abogados constitucionalistas señalan que todos los problemas surgidos alrededor de la elección de magistrados es cumpla del Consejo de la Carrera Judicial porque no cumplió con presentar en tiempo el reglamento de la Ley de la Carrera Judicial y eso es grave porque las postuladoras no tienen parámetros técnicos para verificar quiénes podrían ser buenos magistrados.
Luego, cualquier reforma que los diputados de la actual legislatura pretendieran realizar a la Ley de la Carrera Judicial ya está deslegitimada debido a que muchos congresistas están sujetos a procesos penales por corrupción y actos de impunidad respaldados por el antejuicio.
