23 abril, 2024 | 5:50 pm
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Asociación de jueces aplaude medidas de seguridad para Érika Aifán

La CIDH también emitió una resolución en la que otorgó medidas cautelares de protección a favor de cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

La Asociación de Jueces por la Integridad se mostró satisfecha por las medidas de seguridad decretadas a favor de la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo con el presidente de la asociación, Haroldo Vásquez, es importante la interpretación que se da fuera del país sobre la urgente necesidad de dar protección a jueces, porque las condiciones de administrar justicia en Guatemala son bastante preocupantes.

Ante las amenazas y hostigamientos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares a favor de la jueza Erika Aifán.

También a favor de magistrados

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución en la que otorgó medidas cautelares de protección a favor de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) Francisco de Mata Vela, Bonerge Mejía, José Mynor Par Usen y María Cristina Fernández.

A través de un comunicado la CIDH dio a conocer que los beneficiarios están en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

CIDH
La CIDH se pronunció por las acciones que está tomando el Ejecutivo

TAMBIÉN PUEDE LEER: CIDH otorga medidas cautelares de protección a favor de operadores de justicia en Guatemala 

En su pronunciamiento, la referida Comisión indicó que los beneficiarios estarían enfrentando una serie de amenazas a sus derechos, hostigamientos, presiones y represalias como consecuencia de ciertos casos de alta repercusión mediática,

También señaló la existencia de una supuesta campaña de desprestigio en redes sociales y que se habría creado un clima de animadversión en contra de los magistrados de la alta corte.

De esa cuenta es que la CIDH solicitó al Estado de Guatemala que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los beneficiarios; que adopte las medidas necesarias para garantizar que los beneficiarios puedan llevar a cabo sus labores como jueces y magistrados sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o amedrentamientos en el ejercicio de sus funciones.

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