Nota de EU89.7
Tribunal ordena que exalcalde Medrano y otros condenados paguen reparación digna

También ordenó a los condenados dar una disculpa pública en un acto que se debe desarrollar en la Municipalidad de Chinautla.

El Tribunal de Mayor Riesgo “C” ordenó que exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, y demás condenados paguen Q57 millones en reparación digna al Estado, por el caso conocido como un “Negocio de Familia“.

También ordenó a los condenados dar una disculpa pública en un acto que se debe desarrollar en la Municipalidad de Chinautla.

Los condenados deben cancelar Q27.5 millones de reparación digna por daños. Mientras que por perjuicios por la cantidad de Q31 millones 642 mil 600.

La petición fue formulada por el Estado de Guatemala, el Ministerio Público (MP) aportó el material probatorio y respaldó la petición.

Disculpa pública

En cuanto a la disculpa pública, ese tribunal ordenó que los condenados manifestarán en un acto público, que se realizará en la Municipalidad de Chinautla, deben “comprometerse y pedir disculpas por los actos contrarios a la administración pública, con la promesa de no volver a incurrir en los actos reprochados”.

En coordinación con el Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la Nación (PGN), y la Contraloría General de Cuentas (CGN) se construya un monumento con el tamaño y características que acordarán los participantes, con una plaqueta que contenga la leyenda:

“El pueblo de Chinaultla manifiesta cero tolerancia a la corrupción de funcionarios y empleados públicos”.

Los gastos derivados correrán a cargo de la Municipalidad de Chinautla y al acto concurrirá el señor Juez de Paz para que deje constancia del acto público.

Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinautla, es condenado a más de 29 años de cárcel

También se ordena a la Municipalidad de Chinautla, elaborar un documental escrito o audiovisual, para que se difunda en medios de comunicación del lugar, para que la comunidad se entere de los compromisos adquiridos por los sindicados, específicamente en no cometer delitos de corrupción e impunidad.

“Se ordena el cumplimiento en un plazo de 15 días, una vez este juzgado firme la sentencia”.

Con información de Alexander Valdéz.