18 abril, 2024 | 10:51 pm
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#AñoDelBicentenario: Desafíos para construir democracia y estado de derecho

En el programa A Primera Hora conversamos acerca del futuro de Guatemala en los distintos ámbitos. Principalmente se abordó la elección que está en proceso para designar a los magistrados que integrarán la Corte de Constitucionalidad de 2021 a 2026.

El 15 de septiembre de 2021 se cumplen 200 años de la Independencia de Guatemala y se preparan una serie de actividades.

Pero además de celebrar, esta fecha es propicia para analizar la situación del país. Lo que ha ocurrido, lo que se está viviendo y el futuro que se podría tener.

En el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó con analistas y profesionales de distintas ramas, con el fin de abordar lo que se viene para el país.

Asimismo, se puntualizaron los desafíos que se tienen para construir la democracia y el estado de derecho.

Independizarnos ¿de qué?

Ana Isabel Prera, presidenta de la fundación Esquipulas, doctora en derecho y abogada y notaria, consideró que los aniversarios de esta magnitud se convierten en oportunidades para analizar y tener una reflexión crítica de lo que ha sucedido.

Además, para proponer cambios y, en este caso, para redefinir el concepto de independencia en el 2021, pues si bien hace 200 años los criollos se independizaron de la corona española, hay otros puntos que deben dejarse atrás.

Expuso que ahora podría tenerse el concepto de independizarse de las estructuras coloniales que, según sus palabras, aún pesan y tienen un impacto que hace daño. Entre estas, mencionó: racismo, xenofobia, clasismo y patriarcado.

“Debemos independizarnos y liberar al país del crimen organizado y las mafias corporativas que han cooptado las entidades para mantener la corrupción e impunidad”, enfatizó.

Para la entrevistada, es una oportunidad para reconvertir esas estructuras y terminar con la inercia “perversa”, con el fin de empezar a construir una democracia humanista y un estado de derecho propio, en donde se priorice el bien común.

“Es momento de repensar en un país multicultural, plurilingüe y pluriétnico”, destacó la entrevistada.

Especialmente, los cambios son necesarios en medio de las catástrofes naturales y la pandemia, agregó.

Por aparte, consideró que la solución para atender todo tipo de problemática sería alcanzar un acuerdo mínimo como país, aunque reconoció que ello se dificulta porque las agendas de la población son contrarias a las de los grupos que buscan tener el poder y están ligados al crimen organizado.

En ese contexto, y tomando en cuenta que se acerca la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026 añadió que se debe hacer un llamado a los cinco entes electores para evitar ese tipo de incrustación en un ente tan importante.

Fuerzas “oscuras” que acechan la CC

Eduardo Stein Barrillas , ex vicepresidente de Guatemala, señaló que la perspectiva desde la cual se está abordando la celebración del bicentenario debe cambiar drásticamente, porque se está ante desafíos muy inmediatos “verdaderamente graves”.

A su criterio, el primero de ellos es la designación de magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

“Estamos a la orilla del precipicio, esperando que ocurra un milagro. Y es específicamente en el plazo muy inmediato, en donde hay una creciente consciencia de la ciudadanía de que los poderes del Estado no les está respondiendo”, manifestó.

El entrevistado consideró que existen indicios de que hay un plan concertado para adueñarse del Gobierno de Guatemala en su totalidad por parte de intereses oscuros, ligados directamente al crimen organizado.

“Se trata de un momento decisivo de nuestra historia, en donde la ciudadanía organizada necesita desesperadamente encontrar guías de concertación para ponernos de acuerdo en puntos estratégicos”, dijo.

El fin, añadió, es buscar que los cinco entes nominadores que van a definir a las magistraturas designen a gente proba y correcta.

Añadió que su idoneidad debe ser de conocimiento público y además comprobable, con el fin de tener un tribunal que pueda buscar acabar con la crisis sistémica de la institucionalidad.

Y, de esa manera, evitar caer en un “narcoestado” o hundirse en un control de poderes públicos de parte de lo que calificó como “las fuerzas oscuras”.

CC debe integrarse con gente proba

Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano, abogado, expresidente de la Corte de Constitucionalidad, miembro del Comité Científico del Opus Magna Constitucional, catedrático universitario y diplomático, coincidió con lo mencionado por Stein.

Aseguró que se debe constatar que quienes lleguen a la CC cumplan con los requisitos que define la Constitución Política de la República.

“La ciudadanía confía en que lo mejor llegará a esos puestos, y si hay señalamientos de que no se cumplen con las características, los primeros que deben observar esto son las cinco instancias que se encargan de designarlos”, dijo.

Por aparte, mencionó que aunque la carta magna señaló organismos de control de la legalidad, debe verificarse si estos están funcionando o no. Y, a su criterio, por ahora no es así. Esto se suma a que continúa la falta de aplicación de las leyes.

En tanto, Anabella Morfín, abogada, fundadora y expresidenta del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), exministra de Trabajo y exprocuradora General de la Nación, indicó que la CC ha ido perdiendo su razón de ser con el paso del tiempo.

A su criterio, este tribunal cuyo fin es defender la Constitución, ahora es el lugar al que se quiere llegar para manejar ciertos intereses que van en contra de lo que establece la propia carta magna.

Ante ello, indicó que de parte de los abogados queda ser positivos y demandantes, tomando en cuenta que el gremio tiene la oportunidad de integrar la Corte de Constitucionalidad.

Y tomando en cuenta que en abril asumiría la nueva magistratura para estar en el cargo por cinco años, la entrevistada consideró que el proceso de elección refleja un momento para hacer las cosas como deben ser.

“La ciudadanía debe ser demandante ante el CANG, pues es un privilegio que se les ha otorgado para integrar a un ente tan importante dentro de la institución del Estado”, enfatizó.

¿Crisis en el sistema democrático?

Por su parte, Claudia Escobar, abogada, integrante de la Comisión de Expertos Internacionales de lucha contra la Corrupción en Ecuador y exmagistrada de la Corte de Apelaciones de Guatemala, señaló que se debe poner atención al sistema de justicia.

Expuso que el que existía hace 25 años respondía mejor a las necesidades de la población, pues se tenía credibilidad en los jueces.

Pero en la actualidad hay grupos de incidencia que impiden que haya independencia judicial y hay falta de conciencia de la importancia de las instituciones, agregó.

En su opinión, la crisis que está atravesando la CC tiene relación directa con el sistema político, pues la corte es integrada por los distintos entes políticos.

Sin embargo, también hay injerencia el crimen organizado y de organizaciones políticas denunciadas de tener vínculos con el narcotráfico, que con sus acciones han logrado dividir a la población, añadió.

En tanto, Ilse Álvarez , abogada, ex viceministra de Gobernación y encargada del apoyo al sector justicia, señaló que Guatemala es un país con una democracia bastante vulnerable.

Recordó que ya en el año de Serrano se tuvo un problema de rompimiento democrático y la CC hizo regresar al país al “buen camino”, generando procedimientos y alternativas. También se tuvo una reforma constitucional derivada de este incidente.

“En los últimos años la CC ha sido un faro en medio de los incipientes procesos democráticos”, pero ahora se ve amenazada, dijo.

A su criterio, el problema es la falta de conciencia ciudadana, pues hay ignorancia y falta de educación en la población. También, las personas muestran falta de interés en participar en procesos de elección de funcionarios, pero después hay quejas de quiénes nos representan.

La entrevistada expuso que la CC ha sido el pie de la balanza en el sistema democrático y es lamentable que pueda darse una crisis.

“La corte es una guerra a muerte, porque es el eslabón de la justicia y la democracia en el país, por lo que es tan delicada la posición que se asuma. Además, los integrantes deben ser de la más alta categoría de los juristas en el país”, concluyó.

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