En el marco de la pandemia del Covid-19 y como medida para garantizar la seguridad de los pasajeros de buses extraurbanos, los operativos de verificación en las carreteras se han intensificado.
Byron Acevedo, titular de la Dirección General de Transportes (DGT), indicó que por medio de esfuerzos interinstitucionales se ha podido incrementar de seis a 15 los operativos diarios en distintos puntos del país.
Se verifica que las unidades cuenten con la documentación autorizada, seguro vigente, registro de pilotos y tarjeta de operaciones.
También se da seguimiento a la aplicación de protocolos de bioseguridad para reducir el riesgo de contagio del coronavirus. Especialmente en cuanto al uso de la mascarilla y el respeto de los aforos.
Este miércoles se hacen supervisiones en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, y según el entrevistado, entre las 30 unidades inspeccionadas en las primeras horas de la mañana se identificó a dos que transportaban usuarios de forma ilegal.
Sus declaraciones se dieron durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
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Edgar Guerra, Defensor del Usuario de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), indicó que ve de forma positiva que se apliquen los operativos en las rutas del país, pero detalló que es urgente multiplicar estas supervisiones.
El número de inspectores en comparación con la cantidad de unidades extraurbanas que circulan en las calles no es suficiente, dijo.
Incrementar el personal encargado de ese tema es una de las recomendaciones que ha reiterado la dependencia que dirige, destalló.
Indicó que para ello se requiere el fortalecimiento institucional y que haya cooperación con otras instituciones que velan por el tema del transporte, por ejemplo las Policías Municipales de Tránsito (PMT).
El entrevistado detalló que existe gran cantidad de buses que transitan de forma ilegal, lo que hace que se tenga competencia desleal en cuanto al transporte de pasajeros.
En ese sentido, la PDH también ha sugerido la cancelación o suspensión de los porteadores que siguen perjudicando a la población de esa manera.
“Los autorizados pagan impuestos y deben acatar las decisiones de la DGT y los otros no, entonces es a todas luces una competencia desleal”, enfatizó.
Acevedo coincidió con la necesidad de fortalecer la institución.
“Lamentablemente por décadas el servicio de transporte ha sido una oficina de trámites solamente. Y el mandato constitucional va más allá”, dijo.
#NACIONALES Se da seguimiento a la aplicación de medidas para evitar la propagación del Covid-19.https://t.co/cc6ewARU6E
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 20, 2020
Protocolos por Covid-19
Guerra dijo que después de los ensayos que se hicieron en los buses sobre los protocolos por Covid-19 pasó lo que se temía, pues los transportistas solo buscaban ser autorizados y después dejaron de lado las prácticas.
“En muchos casos lo único que les interesa es el dinero y no la seguridad de sus clientes”, enfatizó.
Sobre ello, Acevedo indicó que tanto la población como los pilotos han relajado las medidas.
“El transporte pirata es el que mas lleno va y menos cumple con las medidas y regulaciones de salud y la DGT”, dijo el director.
Explicó que en estos casos de buses sobrecargados, se procede a bajar al usuario, se sanciona la unidad y se coordina el traslado de las personas en otro bus.
Sin embargo, dijo que existe cierta resistencia de parte de la población, pues no ve con agrado tener que bajarse de la unidad y transportarse en otra porque quiere llegar a su trabajo u otros destinos.
https://emisorasunidas.com2020/08/05/transporte-pasajeros-precio-covid-19/
Cobros desmedidos
En cuanto a las tarifas del transporte extraurbano, ambos entrevistados coincidieron en que se han detectado cobros desmedidos en distintos puntos del país.
Acevedo dijo que se han tenido acercamientos con representantes del sector de transporte para indicarles que no se han autorizado alzas.
“Hemos sido enfáticos en que vamos a perseguir, sancionar y denunciar públicamente a transportistas que no estén cumpliendo con la normativa y tarifa establecida”, aseguró.
Explicó que el precio autorizado para el pasaje es de Q0.25 por kilómetro.
Y que se han detectado casos en donde las tarifas se han incrementado hasta en un 200%.
El delegado de la PDH hizo referencia a que esta situación afecta grandemente a la población, pues especialmente en la actualidad hay guatemaltecos sin empleo por la crisis generada por la pandemia.
Por ejemplo para Amatitlán el precio autorizado es de Q4.75, pero están cobrando Q10.00. Y en Villa Nueva, en donde la tarifa es de Q4.00 y Q4.50, el pasaje que se exige es de entre Q8.00 y Q10.00.
“Es un impacto lamentable en la economía familiar”, expuso.
En ese sentido, concluyó que además de aplicar sanciones a quienes circulan de forma irregular, corresponde hacerlo con quienes no respetan el aforo o incrementan la tarifa sin tener autorización para hacerlo.
