En medio de cuestionamientos y anuncios sobre acciones legales, la Contraloría General de Cuentas confirmó este jueves 27 de junio su decisión de dejar sin efecto la resolución donde se clasifica como información reservada diversos documentos.
Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad expresó “su firme convicción y respeto a la observancia del acceso a la información pública”, en el marco de la transparencia y rendición de cuentas.
“En ese contexto, y de acuerdo a la alta importancia de fortalecer todos los mecanismos e instrumentos que hagan viable ese derecho, la Contraloría General de Cuentas informa a la sociedad guatemalteca la decisión de dejar sin efecto la Resolución A-068-2024”, se lee en el mensaje.
La mencionada resolución fue publicada ayer en el diario oficial y señalaba que el Contralor General resolvió declarar los instrumentos, documentos, nombramientos, insumos, metodología, comunicación electrónica, aplicaciones informáticas y sistemas como información reservada.
También se aplicaba la medida para los aspectos relacionados con providencias o procedimientos utilizados para la planificación, ejecución, comunicación de resultados y gestión de los procesos de fiscalización, así como los oficios, informes jurídicos, opiniones, dictámenes técnicos y/o legales, proyectos de denuncia, denuncias, demandas o documentos digitales emitidos como resultado del mismo o bien en el ejercicio de sus funciones.
Con respecto al plazo de la reserva, el documento planteaba que esta información permanecería de esta manera por un plazo de siete años a partir de la fecha de publicación de la resolución, pudiendo ser ampliada.
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Acciones legales por reserva dictada por la Contraloría
El diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), anunció en horas de la mañana que interpuso una acción de revisión ante la Contraloría General de Cuentas por la resolución de clasificar la información reservada.
“Accioné en contra de la resolución que pretende reservar toda la información que tiene la Contraloría de los procesos de fiscalización. Esto es un atentado en contra de la democracia, la transparencia y contra la función que la misma entidad realiza, que es la fiscalización de la administración pública.
El parlamentario manifestó que esperaba que se diera marcha atrás a esta situación, que describió como grave para la transparencia en el país y la lucha contra la corrupción.
“Hago un llamado al Contralor General, esa no es la vía realmente para resguardar la información. Dé marcha atrás, escuche el clamor de la población, la ciudadanía no quiere más opacidad en la inversión de los recursos públicos”, puntualizó.
En tanto, el comisionado anticorrupción, Santiago Palomo, se pronunció ayer al respecto de la decisión de la Contraloría y la describió como alarmante. Además, adelantó que, como ciudadano, presentaría las acciones legales correspondientes.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7
