La solicitud de retiro de derecho de antejuicio presentada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en contra del presidente Bernardo Arévalo por su presunta implicación en el caso recientemente divulgado, conocido como “Mecanismo de corrupción Micivi”, fue asignado al Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal.
En seguimiento a los procesos establecidos en las leyes guatemaltecas, la referida judicatura deberá inhibirse de conocer el proceso y enviar el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que deberá determinar si corresponde a un tema con argumentos sólidos o si fue promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas.
El Gobierno ha manifestado que los señalamientos del Ministerio Público (MP) no tienen ninguna credibilidad pública, solidez jurídica, ni propósito legítimo.
@emisorasunidas897 La FECI presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo por la posible comisión de tres delitos. Lo señala de autorizar millonarios pagos. . . #Guatemala #Curruchiche #FECI #BernardoArevalo #CorrupcionMICIVI ♬ sonido original – Emisoras Unidas
Caso contra Arévalo
El Ministerio Público (MP) presentó el pasado miércoles un nuevo caso de supuesta corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) y pidió que el mandatario quede sin inmunidad.
Los resultados preliminares de la investigación fueron dados a conocer en rueda de prensa por el fiscal Rafael Curruchiche y el secretario general del MP, Ángel Pineda, ambos sancionados por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y de querer modificar los resultados electorales de 2023.
El supuesto caso en contra de Arévalo tiene como origen el despido en mayo pasado de la ministra de Comunicaciones en aquel momento, Jazmín de la Vega, a quien el gobernante removió del puesto después de que emitiera pagos a empresas constructoras sin su autorización.
De acuerdo a Curruchiche, la decisión arbitraria de Arévalo es ilegal, pues señaló que él creó un mecanismo ilegal para asignar fondos a ciertas entidades. En ese contexto, se pidió la remoción de su inmunidad en el cargo, tras una denuncia lanzada por Ricardo Méndez Ruiz, dirigente de una fundación y también sancionado por Estados Unidos con la prohibición de ingreso a su territorio.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
