La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer este viernes 30 de agosto las observaciones preliminares tras una verificación realizada en el país. Asimismo, hizo una serie de recomendaciones, entre ellas, un examen independiente del Ministerio Público (MP) y que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) se ajuste a su mandato de proteger a la población.
Los delegados de la entidad llevaron a cabo una visita in loco entre el 22 y el 26 de julio del presente año. Tras esto, determinaron que en los últimos siete años ha existido un progresivo deterioro del Estado de derecho y de la institucionalidad democrática y que se intensificó el uso abusivo del derecho penal. En su opinión, esta situación se intensificó a partir de la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el 2019.
También se constataron otros nueve factores debido a lo que se describió como la instrumentalización del sistema penal en contra de quienes han formado parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
“La CIDH entiende que la criminalización consiste en el uso indebido del sistema penal a través de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el fin de obstaculizar en sus labores legítimas a periodistas, personas defensoras de derechos humanos, personas operadoras de justicia independientes”, se enfatizó en el informe.
El documento señaló, además, que al menos 50 personas operadoras de justicia salieron al exilio debido a la persecución penal en su contra, mientras que otras 20 estuvieron en prisión. Entre estas mencionó el caso del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, quien permanece actualmente detenido.
De igual forma, la CIDH manifestó su preocupación en especial por la situación del periodista José Rubén Zamora, fundador de El Periódico, en prisión desde julio de 2022. La entidad añadió que ha recibido denuncias sobre tortura y condiciones inhumanas de su detención.
“Ante el patrón de criminalización generalizada en contra de ciertos perfiles o grupos de personas, la CIDH urge a los tribunales de justicia, y especialmente a la Corte Suprema de Justicia, así como la Corte de Constitucionalidad, a cumplir efectivamente con su obligación y función de ejercer un control de constitucionalidad”, expresó en ese contexto.
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CIDH hace recomendaciones para Guatemala
Ante lo expuesto, la CIDH emitió una serie de recomendaciones para Guatemala, entre las que destaca la implementación de un plan de acción nacional para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción con un margen temporal.
“Con resultados esperados y que busque fortalecer el marco legal aplicable, el acceso a la información, sistemas de auditoría y control en entidades”, expuso.
Asimismo, cesar el uso indebido del sistema penal a través de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales, contra personas operadoras de justicia, personas defensoras de derechos humanos, legisladores, periodistas, estudiantes, profesores, integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos e integrantes de organizaciones y grupos en situación de riesgo.
* Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7