8 octubre, 2024 | 12:22 pm

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Foto: Omar Solís/EU

Informe señala “graves faltas y abuso de poder” por parte del Ministerio Público

Dos organizaciones de Estados Unidos destacaron la falta de un mecanismo independiente e imparcial que garantice la rendición de cuentas de la fiscalía en Guatemala.

Dos organizaciones de Estados Unidos publicaron este martes 8 de octubre un informe que documenta “graves faltas y abuso de poder” por parte del Ministerio Público (MP) de Guatemala bajo su actual liderazgo, a cargo de la fiscal general Consuelo Porras. Asimismo, expone la falta de un mecanismo para que la institución rinda cuentas.

El reporte, titulado “Por encima de la ley: El Ministerio Público en Guatemala”, fue elaborado por el Rule of Law Impact Lab de la Facultad de Derecho de Stanford, junto con el Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York.

“Por encima de la ley: El Ministerio Público en Guatemala”, informe presentado por organizaciones de EE. UU.El documento señala que, por primera vez, se analizaron decenas de denuncias oficiales emitidas por varios organismos multilaterales y diversos gobiernos contra el MP. Esto incluye acusaciones sobre obstrucción de investigaciones sobre corrupción, utilización del derecho penal como herramienta para perseguir a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, e intenciones de subvertir la democracia del país.

Específicamente, en el texto se documentan denuncias oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas, la Unión Europea y los gobiernos de Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Francia, Georgia, Alemania, Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Montenegro, la República de Moldova, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania, el Reino Unido y los Estados Unidos.

“Estas alegaciones plantean serias preocupaciones sobre la posible violación de las obligaciones internacionales de Guatemala en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, destacaron las organizaciones.

Informe señala acciones contra el actual Gobierno y falta de rendición de cuentas

El informe expone que Guatemala ocupa el puesto 13 de 15 países latinoamericanos por su capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción, según un reporte emitido en 2023 por Americas Society/Council of the Americas.

Asimismo, manifiesta que, tras la sorpresiva victoria del presidente Bernardo Arévalo y su partido Movimiento Semilla en las elecciones de 2023, han sido constantes las maniobras legales de parte de la administración anterior de Gobierno, sus aliados y el MP para intentar revertir los resultados electorales.

Las dos organizaciones destacaron la falta de un mecanismo independiente e imparcial que garantice la rendición de cuentas del Fiscal General por “mala conducta” y emiten una serie de recomendaciones al Estado de Guatemala para reformar este mecanismo.

Porras a Arévalo y Herrera: “Ustedes no están ni estarán por encima de la ley”

En ese sentido, Amrit Singh, profesora de derecho y Directora Ejecutiva del Rule of Law Impact Lab de la Escuela de Derecho de Stanford University, destacó: “El registro oficial del abuso de poder por parte del Ministerio Público es abrumador y no puede ser ignorado”.

“Sin embargo, la legislación guatemalteca no proporciona ningún mecanismo independiente e imparcial para que la Fiscalía rinda cuentas, tal y como exige el derecho internacional. El Estado de Guatemala debe garantizar que el Ministerio Público rinda cuentas y respete el Estado de Derecho”, agregó.

Al respecto, con el objetivo de solucionar la situación, el informe plantea algunas medidas que puede tomar el país, entre estas, asegurar que el MP y sus fiscales actúen con imparcialidad, objetividad y profesionalismo, garantizar la independencia de las investigaciones e implementar procedimientos disciplinarios justos y transparentes para responsabilizar a los fiscales por mala conducta.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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