La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo pública este viernes 8 de noviembre su preocupación por la decisión de la Sala Segunda de Apelaciones de liberar a los militares que estaban siendo procesados dentro del caso conocido como Creompaz, donde se investigan desapariciones forzadas contra pobladores de Alta Verapaz.
Recientemente, la referida sala declaró con lugar un amparo interpuesto por la defensa de los sindicados. De esta manera, quedó anulado todo lo actuado desde su inicio y se ordenó al Juzgado de Mayor Riesgo “A” que se les otorgara libertad a los procesados.
En ese contexto, la Comisión recordó que “el recurso de amparo no debe ser utilizado como mecanismo que dilate u obstaculice el proceso de investigación y sanción”.
De igual forma, instó al Estado a eliminar todos los “obstáculos fácticos y jurídicos” que perpetúen la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales.
#AHORA @CIDH ha hecho pública su preocupación por la decisión de la Sala Segunda de Apelaciones de liberar a los militares presuntamente responsables y de anular todos los actos procesales realizados en el caso Creompaz. La Comisión recuerda que “el recurso de amparo no debe ser… pic.twitter.com/x4Yp929CJf
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 8, 2024
Militares beneficiados tras fallo en caso Creompaz
Los militares estaban acusados de la desaparición forzada de 565 personas, cuyos cuerpos fueron encontrados en 2012 atados de pies y manos en 85 fosas, en un cementerio clandestino que hoy ocupa el cuartel militar Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).
Dicha base se encuentra en el departamento (provincia) de Alta Verapaz, en el norte de la nación centroamericana.
Los asesinatos tuvieron lugar durante el conflicto armado interno que vivió Guatemala entre 1960 y 1996, y que dejó alrededor de 250.000 personas fallecidas y desaparecidas, más del 90 por ciento a manos del Estado, de acuerdo a informes de organismos internacionales.
Con el fallo de la sala se ven beneficiados los militares: César Augusto Ruiz Morales, César Augusto Cabrera Mejía, José Antonio Vásquez García, Raúl Dehesa Oliva, Byron Humberto Barrientos Díaz, Carlos Augusto Garavito Morán, Juan Ovalle Salazar y Édgar Justino Ovalle, este último prófugo de la justicia.
También el general retirado Benedicto Lucas García, de 92 años y hermano del dictador Romeo Lucas García (1978-1982). Sin embargo, Benedicto Lucas García ya cumple actualmente una condena de 30 años por otro crimen de guerra.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7
