La Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal revocó las medidas sustitutivas que habían sido otorgadas a favor del exdirector del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Muñoz, dentro del primer caso que se sigue en su contra. Con la resolución emitida por los magistrados este miércoles 11 de diciembre, se ordena que el exfuncionario sea enviado a prisión preventiva.
La investigación contra Ramírez surgió en agosto de 2023, cuando el Ministerio Público lo señaló por posible abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes por un caso relacionado con Prosperidad Ciudadana, que impulsaba a Carlos Pineda como candidato presidencial.
La fiscalía informó entonces que la solicitud para despojarlo del derecho de antejuicio fue realizada en virtud que la Corte de Constitucionalidad en una resolución emitida en mayo de 2023, referente a la suspensión del partido político, certificó lo conducente al ente investigador manifestando que la situación ameritaba una investigación.
En ese contexto, se realizaron diligencias preliminares de investigación por medio de las cuales se pudo advertir que Muñoz, abusando de su cargo como Director del Registro de Ciudadanos, posiblemente incurrió en actos ilícitos al inscribir de manera anómala a la referida organización política.
“A pesar de haber incumplido con los requisitos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Político”, destacó la fiscalía en su momento.
Otro caso contra el extitular del Registro de Ciudadanos
El Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal resolvió el pasasdo 18 de octubre ligar a proceso penal al exdirector del Registro de Ciudadanos y magistrado de Sala de Apelaciones electo, Ramiro Muñoz, dentro del segundo caso que se inició en su contra.
El juez Julio Vásquez Xil consideró que existen indicios de la posible implicación del exfuncionario electoral con acciones irregulares. En ese sentido, dictó auto de procesamiento por los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral, incumplimiento de deberes y resoluciones violatorias a la constitución.
Asimismo, el togado resolvió que el sindicado permanezca en prisión preventiva durante el tiempo en que se desarrolle la investigación del caso, para lo cual otorgó un plazo de tres meses a la Fiscalía con el fin de que pueda profundizar en las averiguaciones.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
