El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, en relación a la investigación que se sigue por la compra de las vacunas rusas Sputnik V, informó que el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, estará a cargo de conocer todas las actuaciones dentro del caso.
Curruchiche indicó que se llevó a cabo una audiencia en la que se solicitó que se unificaran los expedientes del caso de las vacunas rusas, ya que una denuncia se encontraba en el Juzgado Noveno y otra en el Juzgado Cuarto.
Según Curruchiche, la Fiscalía ya tiene claro que fue lo que pasó en el proceso de adquisición de las vacunas rusas Sputnik V y dijo que ahora buscarán establecer si las personas vinculadas al caso tienen o no participación en algún hecho ilícito.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) December 20, 2024
Dichas acciones se realizan en el marco de la investigación por la supuesta adquisición anómala de las dosis contra Covid-19 de fabricación rusa. El Estado de Guatemala pagó Q614 millones para la compra de 8 millones de estas vacunas.
En abril pasado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), presentó una denuncia por el contrato de las vacunas Sputnik V en 2021. La denuncia menciona once hechos por la posible comisión de actos que constituyen delito.
Para procurar el derecho a la salud durante la emergencia nacional del COVID-19, el Congreso de la República de Guatemala aprobó el Decreto 1-2021, que estableció los lineamientos para el financiamiento y adquisición de vacunas contra el coronavirus. Específicamente, en el artículo 4 se mencionan mecanismos de transparencia y adquisición de estas.
El decreto determina que las vacunas debían comprarse de manera directa con el fabricante; sin embargo, esta acción se concretó con una tercera parte, la empresa Human Vaccine LLC. Por lo tanto, fue ilegal suscribir el contrato con una entidad que no era la productora.
La siguiente falta fue que no se corroboró quién firmó por parte de la empresa Human Vaccine. Con esto, el procurador general de la Nación, Julio Saavedra, detalló que no se corroboró la legalidad de la representación de la empresa y se tomó por bueno y válido un documento que requería una revisión jurídica.
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Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*
