La Fiscalía ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la reciente absolución del futbolista brasileño Dani Alves, cuestionando duramente la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En el escrito, firmado por el fiscal del Supremo, Fidel Cadena, se denuncia que la sala que absolvió al exjugador incurrió en una interpretación "completamente cruel y arbitraria" de una prueba biológica clave, y que dicha valoración ha tenido como consecuencia una "condena moral" a la víctima, cuyo testimonio fue puesto en entredicho injustificadamente.
El recurso se centra en la supuesta presencia de restos de semen —específicamente esmegma— del acusado en la boca de la denunciante, un punto que fue determinante para el fallo absolutorio. Según el TSJC, este hallazgo contradecía la versión de la joven, quien negó haber practicado una felación. Sin embargo, el ministerio público considera que esta conclusión carece de base científica, pues los informes periciales establecen que la presencia de ADN en la cavidad bucal puede explicarse por otras vías, como besos, compartir bebidas o el contacto con células epiteliales no relacionadas con el pene.
¿Qué pasará con Dani Alves?
Para la Fiscalía, esta interpretación no solo es errónea, sino que ha contribuido a desacreditar injustamente a la denunciante. En el escrito, se advierte que la valoración de la prueba pericial fue distorsionada, y que la inclusión de la hipótesis de una felación "contra cualquier principio científico" deslegitima a la víctima y la expone a una forma de revictimización institucional. El fiscal subraya que esta postura no se sostiene desde una perspectiva jurídica ni humana.
Finalmente, el recurso sostiene que el fallo incurre en un grave error al restar credibilidad al testimonio de la joven, sin argumentos sólidos que lo justifiquen. La Fiscalía denuncia que, más allá de absolver a Alves por insuficiencia probatoria, el tribunal optó por desacreditar la versión de los hechos presentada por la víctima, incurriendo así en una "condena moral" que contradice los principios de respeto, imparcialidad y justicia que deben regir todo proceso penal. El Tribunal Supremo deberá ahora valorar la admisibilidad del recurso y decidir si revisa la sentencia.
