El decreto en contra de la trata de la niñez dentro de las cárceles del Sistema Penitenciario quedó sancionado por la presidenta en funciones Karin Herrera. El decreto 3-2025 estipula penas de cárcel en contra de las personas que ingresen a niñas, niños y adolescentes a las cárceles guatemaltecas.
Fuentes del gobierno explicaron que con esta normativa contra la trata se crea el delito de ingreso ilegal de niñas, niños y adolescentes a centros de detención, lo cual será sancionado con penas de más de 10 años de cárcel y hasta Q500 mil de multa. La ley estipula estas acciones en contra de quienes faciliten este acceso ilegal.
En un comunicado, el gobierno de Guatemala afirmó que "la niñez y la adolescencia estarán más seguras con la aprobación de la Ley para prevenir y sancionar la trata en el Sistema Penitenciario". Asimismo, afirmaron que estas medias buscan que se mantenga el orden en las prisiones por medio de controles estrictos en los procesos de visita.
Con estas medidas, se impondrá orden en las cárceles mediante controles estrictos en las visitas para evitar que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de violencia sexual y trata en estos lugares".
Gobierno de Guatemala.
Además, la misiva agregó que mediante este acuerdo "se crea el delito de Ingreso ilegal de niñas, niños y adolescentes a centros de detención para castigar estos atroces crímenes". El documento afirma que la vicemandataria afirmó que ahora "ya no hay excusas y que los responsables deberán enfrentar a la justicia".
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Ley contra la trata de menores aprobada el mes pasado
Herrera recordó que fue el 18 de febrero cuando el Congreso de la República aprobó esta ley contra esta particular práctica de trata, con el voto favorable de 111 diputados. La mandataria en funciones agregó que la Ley del Régimen Penitenciario y al Decreto 1773, Código Penal, tendrá la función de regular las visitas de niñas, niños y adolescentes a los centros carcelarios.
El comunicado añade que las visitas sólo podrán realizarse cuando los reos sean parientes consanguíneos dentro del primer o segundo grado. "Esta medida tiene como objetivo prevenir la trata de menores", reiteró el gobierno.
Añadieron que esta ley establece la creación y reglamentación de un sistema de registro y control de los menores que ingresen como visitas familiares a los centros de detención. Además, habilita un mecanismo de visitas virtuales y establece que la persona adulta acompañante debe tener la patria potestad o tutela del menor.
