El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) se pronunció tras los recientes enfrentamientos registrados en Livingston, Izabal, relacionados con la oposición a un proyecto minero y a 10 licencias ambientales otorgadas durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
La titular del MARN, Patricia Orantes, explicó que la inconformidad por estas licencias no es reciente. Desde hace meses, el Ministerio se comprometió a realizar un informe sobre posibles incumplimientos en los procesos de autorización, entregando un informe preliminar el 23 de mayo y uno final el 16 de junio.
Orantes evitó pronunciarse sobre la posible cancelación de las licencias, afirmando que "no puede adelantarse a los resultados, como no puede hacerse en un juicio". También confirmó que el próximo 30 de julio se presentará un informe técnico sobre la situación de estos proyectos.
Entre los incumplimientos detectados, el MARN señaló que algunas licencias se otorgaron sin consultar a las autoridades de la cuenca del Lago de Izabal ni al Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Manifestaciones eran ajenas
El viceministro José Rodrigo Rodas Ramos, en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, reiteró que el Ministerio ha cumplido sus compromisos y que las licencias actuales son de explotación, pero no de exploración minera. "Están haciendo calicatas, pero no cuentan con permisos de exploración", dijo. Agregó que el informe final será clave para verificar si las licencias fueron otorgadas conforme a la ley.
Respecto a los disturbios ocurridos recientemente en Río Dulce, Rodas Ramos aseguró que no fueron provocados por las 54 comunidades con las que el MARN sostiene un proceso de diálogo. "Hubo manifestaciones ajenas al proceso", afirmó.
Por su parte, un representante comunitario, bajo condición de anonimato, lamentó los hechos violentos y la ausencia del MARN y el MEM en una mesa de diálogo programada para el 16 de junio.
Organizaciones como FUNDAECO también señalaron irregularidades en administraciones anteriores y respaldaron la reacción de las comunidades frente a lo que consideran procesos anómalos.
