El Gobierno de Guatemala se pronunció este viernes, 14 de noviembre, con respecto a la acción que planteó un integrante de la Mara Salvatrucha (MS) contra la Ley Antipandillas, que recientemente entró en vigencia y endurece las medidas contra estos grupos delictivos, además de que los declara como terroristas.
Dylan Smaily Archila García, alias "El Sonriente", quien fue condenado a varios años de prisión por extorsión, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC) bajo el argumento de que existieron irregularidades durante la plenaria donde se avaló el decreto número 11-2025, Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas.
Al ser consultado esta mañana durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, expresó: "ahora resulta que los patos les tiran a los escopetas".
El funcionario agregó que el hecho de que un pandillero utilice herramientas legales no cambia la verdad. Aseguró que esta es una ley que busca proteger a los guatemaltecos y guatemaltecas honrados y que está enfocada en brindar seguridad y paz a las comunidades.
"Este Gobierno, como ha dicho el ministro de Gobernación, la usará justamente para fortalecer las capacidades de seguridad y luchar contra el enemigo común que tiene Guatemala, que es las maras y pandillas", expresó.
Según Palomo, lo que conoce sobre el tema es que se planteó una inconstitucionalidad, pero desconoce en qué fase del proceso se encuentra en el alto tribunal constitucional.
Congreso declara terroristas a las maras y pandillas
El Pleno del Congreso aprobó el pasado 21 de octubre el Decreto 11-2025, Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas.
Fueron 145 votos a favor de esta ley que busca combatir a estos grupos delictivos, la que también impone castigos severos contra sus integrantes.
La ley fue sancionada por el presidente Bernardo Arévalo y publicada en el diario oficial esta semana. Además, ya entró en vigencia.
