Guatemala debe "dar un paso decisivo" para eliminar "de una vez por todas" la instrumentalización de su sistema judicial en un año donde habrá importantes nombramientos en sus altas instancias, advirtió este martes la relatora de la ONU para la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite.
En un comunicado, la experta de Naciones Unidas recordó que en la primera mitad de 2026 se elegirán jueces para el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el fiscal general que liderará el Ministerio Público de Guatemala.
"La designación de personas de probada integridad que cumplan los requisitos para estas magistraturas esenciales sería un paso clave para poner fin a un patrón abusivo de criminalización" que ella misma pudo comprobar durante su visita al país centroamericano en mayo de 2025, indicó en el comunicado.
"Guatemala debe evitar que se repitan situaciones pasadas en las que personas asociadas con abusos de poder o graves violaciones de los derechos humanos lograron obtener nombramientos para estos puestos clave", advirtió la experta.
Por esa razón, todos aquellos contra los que existan denuncias creíbles de conducta incompatible con las normas de derechos humanos no deben ser preseleccionados ni nombrados "hasta que se haya llevado a cabo una investigación independiente y exhaustiva de dichas denuncias", aseguró.
Relatora llama a detener la criminalización de operadores de justicia
La relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, por medio de su cuenta en X publicó en diciembre pasado la carta que envió al Gobierno de Guatemala, donde le manifestó su preocupación por lo que considera criminalización de al menos 26 personas operadoras de justicia que investigaron el emblemático caso Odebrecht.
Según la relatora, este caso repite un patrón preocupante de criminalización contra personas operadoras de justicia, en particular fiscales y exfuncionarios que formaron parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y de la ahora extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En su opinión, el uso de tipos penales graves como asociación ilícita, conspiración, colusión y abuso de autoridad, en ausencia de nuevas pruebas, podría constituir un uso infundado e instrumental del derecho penal por parte del Ministerio Público y podría tener un efecto intimidatorio sobre otros fiscales y jueces y juezas que actualmente investigan casos de corrupción.
En ese contexto, consideró que el Gobierno de Guatemala debe adoptar todas las medidas disponibles para poner fin a la criminalización. Asimismo, señaló que el Ministerio Público debe "cesar inmediatamente" esta práctica.
