El Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) brindó recientemente las primeras conclusiones de su visita a Guatemala, entre las cuales destacan hallazgos que consideraron como graves riesgos de "ilegalidad" y "criminalización" que amenazan los procesos de elección del nuevo fiscal general y la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Tras concluir su segunda visita al país centroamericano, ese panel presentó un informe preliminar donde instó al máximo tribunal constitucional a establecer un mecanismo de resolución prioritaria para los amparos relacionados con las elecciones de segundo grado, con el fin de evitar tácticas "maliciosas" que entorpezcan los nombramientos.
Este lunes, durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, conversamos del tema con José Ugaz, abogado peruano que integra el PEI-GT. Al ser consultado acerca de, en general, qué es lo que representa mayor riesgo en el marco de los procesos de elecciones de segundo grado en Guatemala, señaló que es la elección de los magistrados titular y suplente de la CC por parte del Congreso de la República y expresó su preocupación porque, en su opinión, no se realizará "ningún tipo de proceso transparente".
Explicó que, en este viaje realizado al país, la primera actividad que tuvieron fue una reunión con el presidente del Legislativo, Luis Contreras, donde se compartieron detalles del desarrollo de la selección de candidatos y lineamientos que se aplicarán.
"Nos dejó bastante preocupados porque claramente nos dijo que ellos no van a hacer ningún tipo de proceso transparente. Simplemente van a recibir los expedientes, si los candidatos califican con los documentos que exige el acuerdo que ellos han tomado, de allí pasará directamente a la votación de los congresistas, sin ningún tipo de entrevista pública, sin la posibilidad de que exista un proceso de tacha donde se puedan discutir y evaluar estas circunstancias", dijo.
Además, mencionó que se le preguntó al presidente si efectivamente iba a haber alguna forma de control de los candidatos que tuvieran problemas en su historial, por ejemplo, investigaciones penales abiertas, que hayan sido investigados o sancionados internacionalmente, entre otros puntos, pero la respuesta fue que no sería así.
"Nos dijo que no, que para eso están los medios de comunicación. Que en Guatemala todos se conocen y que, por lo tanto, los medios harán su trabajo de fiscalización. Sin embargo, cuando le preguntamos si los medios iban a tener acceso a los expedientes nos dijo que no. Que eso solamente iba a ser de conocimiento de los diputados. ¿Entonces, de qué tipo de transparencia estamos hablando?", cuestionó.
En opinión de Ugaz, la transparencia es un rubro que se está pidiendo en general todos los procesos de estas instituciones de segundo grado que van a ser renovadas.
Preocupación por cambio en las reglas de elecciones y reciclaje de candidatos
El jurista señaló que es público lo que ha ocurrido con las acciones de amparo y la tergiversación y distorsión de la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) al impedir que los profesionales de ciencias afines pudieran participar. Además, se refirió a supuestas acciones para evitar que la presidenta de esa entidad pueda pronunciarse sobre el proceso.
"Esto ha sido criticado unánimemente, salvo por quienes están detrás de esa decisión impropia. Y, por lo tanto, creo que es perfectamente razonable que quieran que quien dirige el gremio pueda emitir sus opiniones al respecto. Si hubiera desinformación, esta se resuelve corrigiéndola, para eso existen los mecanismos y medios de comunicación, donde uno puede desmentir determinadas circunstancias, pero optar por la censura es el peor camino que se puede elegir", dijo.
Cambiar las reglas con estas acciones de amparo es el segundo punto primordial de preocupación del PEI-GT sobre lo observado. De acuerdo con Ugaz, Guatemala padece lo que en otros países en su momento se llamaba "la amparitis", donde se abusa del recurso constitucional para intereses subalternos, lo cual distorsiona no solamente la naturaleza del amparo, sino en este caso los procesos de elección.
"El tercer punto de preocupación es esta ‘suerte de carrusel’, donde candidatos que son autoridades en este momento en alguna de las instituciones se quieren pasar a otra institución, cuando lo que se busca en estas elecciones es la renovación, más aún cuando son candidatos o candidatas altamente controvertidas, como es el caso de la fiscal general. Ahora querer pasar a la Corte de Constitucionalidad con intensiones que son más o menos evidentes, eso creo que distorsiona la naturaleza de un proceso renovador y eso está pasando con otros candidatos también", concluyó.
