La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea (UE) en Guatemala denunció este viernes que la elección del rector de la Universidad de San Carlos (Usac), única institución de educación superior estatal del país centroamericano, se realizó bajo graves cuestionamientos de legitimidad y episodios de violencia.
La delegación internacional, que siguió de cerca la jornada electoral, lamentó que se confirmaran sus advertencias sobre intentos de manipular el proceso de elección del rector para el periodo 2026-2030.
La Universidad de San Carlos es una pieza clave en el andamiaje institucional guatemalteco, pues su facultad para integrar comisiones de postulación y órganos colegiados le permite influir directamente en la designación de funcionarios de las altas cortes y entes de control, como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y la Contraloría General de Cuentas, cargos que serán renovados este año.
"De manera particular, la Misión resalta la exclusión de 17 de los 34 cuerpos electorales que legalmente debían participar en este proceso. Su exclusión se dio en base a argumentos legales débiles y sin que hubiese posibilidad o tiempo para subsanar los supuestos errores", denunció en un comunicado la Misión.
La delegación recordó que la estatal Universidad de San Carlos es clave para la institucionalidad del país, pues tiene incidencia en la designación de altas autoridades de más de 70 entes estatales y maneja una parte significativa del presupuesto nacional.
Reelección de Mazariegos
El actual rector, Walter Mazariegos, se autoproclamó reelecto el pasado miércoles 8 de abril tras una votación a puerta cerrada. Este proceso repite el esquema de su llegada al poder en 2022, cuando su primera elección también fue señalada de ilegítima tras la exclusión de sectores opositores.
La victoria de Mazariegos en esta ocasión se dio nuevamente bajo denuncias de fraude, mientras grupos de oposición realizaban una votación alterna para nombrar a un "rector legítimo", evidenciando la profunda fractura en la casa de estudios.
El organismo internacional señaló que la falta de resoluciones oportunas por parte de los juzgados contribuyó a la incertidumbre durante la jornada, marcada por actos de violencia, incluyendo el uso de armas de fuego y sustancias químicas contra ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta pacífica.
La delegación instó a las autoridades judiciales a resolver los recursos legales pendientes con independencia y celeridad para evitar que se ponga en riesgo el prestigio y la credibilidad de la universidad.
