El Congreso de Guatemala enfrenta crecientes presiones para aprobar la ley antilavado, con sectores políticos y empresariales alertando sobre las graves consecuencias de mantenerla estancada. El presidente del Congreso, Luis Contreras Colindres, reafirmó este martes 26 de mayo en el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas el compromiso de la Junta Directiva con la iniciativa, advirtiendo que, si no se aprueba, el país podría quedar en desventaja frente a aliados internacionales y sufrir un aislamiento económico.
"Esta es una ley del país, no de un grupo político", subrayó Contreras Colindres. Explicó que la Junta Directiva cuenta con 62 votos seguros de distintas bancadas como Cabal, Valor, Creo, Bien y otros aliados, pero aún falta reunir el respaldo suficiente para alcanzar la mayoría requerida.
"Estamos conscientes de que la ley tiene que pasar sí o sí", insistió, remarcando que la resistencia recae en discrepancias internas sobre artículos clave, particularmente el 73 y el 74, que según el presidente son "el alma y la vida" de la reforma.
Artículos clave generan controversia
La discusión se centra en la autonomía del delito de lavado de dinero. Contreras explicó que los artículos en cuestión tipifican el lavado como delito independiente, lo cual es fundamental para cumplir con estándares internacionales. "No podemos negociar esos artículos con nadie", afirmó, destacando que modificar la redacción del 73 o 74 pondría en riesgo la validez de la ley y la acreditación internacional.
El presidente recordó que propuestas de enmienda han surgido de varios diputados, incluyendo a Allan Rodríguez, quien considera que la autonomía del delito podría ser inconstitucional. Sin embargo, Contreras reiteró que no es viable cambiar la esencia de estos artículos bajo las recomendaciones técnicas de la autoridad en la materia.
Llamados para la aprobación
"No aprobar la ley no es una opción", advirtió la cúpula empresarial Cacif, sumándose al llamado de la Embajada de Estados Unidos. José Alejandro Arévalo, ex intendente de bancos y exdiputado, ilustró los riesgos: Guatemala podría convertirse en un "país apestado" para las inversiones y el comercio internacional si permanece fuera de los estándares globales en materia de lavado.
Al respecto, Contreras enfatizó que el compromiso con la ley va más allá de posturas políticas: "Esto no son recomendaciones, son requerimientos internacionales". Recordó que la economía y las remesas del país dependen en gran medida de mantener la confianza internacional, por lo que la aprobación de la ley es urgente y necesaria.
Defensa de la economía informal y garantías ciudadanas
El presidente del Congreso aclaró que la nueva ley no pretende criminalizar la economía informal ni la tenencia de efectivo lícito. Explicó que el artículo uno deja fuera de alcance a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y centra la responsabilidad en sujetos obligados, como funcionarios públicos y banqueros, protegiendo a quienes operan legalmente en mercados informales.
Detalló además que el procedimiento cambiará para fortalecer derechos ciudadanos: ahora, si la autoridad detecta una operación sospechosa, el Ministerio Público debe investigar antes de convertir la alerta en denuncia formal. "Es un cambio fuerte a favor de la ciudadanía", aseguró Contreras, descartando que la ley sirva para perseguir sin pruebas a personas inocentes.
Votaciones y obstáculos políticos
La aprobación sigue pendiente debido a la necesidad de alcanzar 107 votos. Contreras hizo un recuento de los apoyos con los que cuenta y reconoció que aún faltan cerca de 20 para llegar a la meta. El presidente del Congreso evitó individualizar responsabilidades, aclarando que muchos jefes de bloque responden a la línea de sus partidos y que persisten dudas legítimas, aunque advirtió que "la ley ya no admite más explicaciones ni retrasos".
"Esta es una ley de interés público, con una agenda parlamentaria centrada únicamente en su debate y eventual aprobación", remarcó el parlamentario. Reconoció que, si no se logra llegar a un acuerdo el martes, la discusión continuará durante la semana, pero reiteró su convicción de que Guatemala debe aprobar la ley antilavado tal como está para proteger su reputación internacional y la seguridad de sus ciudadanos.
