La Policía Nacional Civil (PNC) hizo un llamado a los sectores que participan en manifestaciones a mantener el carácter pacífico de las movilizaciones y garantizar la libre locomoción de la población, especialmente de personas que necesitan atención médica y de quienes transportan insumos esenciales.
Su pronunciamiento surge cuando se cumplen cinco días consecutivos de protestas y bloqueos en diferentes puntos del país, los cuales han sido protagonizados principalmente por transportistas que exigen a las autoridades implementar medidas para mitigar el impacto del alza de los precios de los combustibles.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, la institución de seguridad reiteró su compromiso con el respeto de los derechos constitucionales, entre ellos la libertad de manifestación, expresión y emisión del pensamiento a través de medidas pacíficas.
La PNC señaló que la libertad de locomoción también constituye un derecho fundamental y pidió a los manifestantes evitar bloqueos permanentes en carreteras y arterias del país. Como alternativa, planteó la habilitación de pasos alternos e intermitentes para reducir las afectaciones a la población.
Entre las prioridades mencionadas por la institución se encuentra garantizar el tránsito de personas que se trasladan a tratamientos médicos u hospitales, así como el ingreso y transporte de medicamentos, insumos sanitarios y alimentos destinados a las familias guatemaltecas.
PNC solicita mediación de la PDH
La PNC informó además que solicitó formalmente el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y de autoridades de gobernación para actuar como mediadores en los puntos de concentración.
Según la institución, este acompañamiento busca proteger las garantías de todas las personas involucradas y contribuir a que las manifestaciones se mantengan dentro de los límites pacíficos.
Asimismo, la PNC exhortó a las organizaciones y líderes comunitarios a mantener vigilancia interna para impedir la participación de personas infiltradas ajenas a las demandas que puedan provocar disturbios, vandalismo o alteraciones del orden público.
La institución aseguró que continuará aplicando sus protocolos con enfoque de derechos humanos, pero advirtió que actuará conforme a las facultades que le otorga la ley ante acciones que vulneren la paz social o constituyan delitos en la vía pública.
