El Congreso de la República aprobó de urgencia nacional la exoneración de impuestos a los combustibles, una medida que suspende hasta el 31 de diciembre de 2026 el pago del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la importación y venta de combustibles.
Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, explicó en una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que esta decisión responde a una necesidad inmediata y goza de legitimidad y aprobación ciudadana en medio de una alta desconfianza hacia otros mecanismos de apoyo económico o control de precios.
Según el diputado, esta exoneración es menos focalizada que otros esquemas previos y supone un alivio fiscal temporal, ya que la meta de recaudación superaba por entre dos mil y dos mil quinientos millones de quetzales lo previsto para el año. Así, se otorga un alivio fiscal por el impacto de la crisis de combustibles y la situación macroeconómica, sin realizar ajustes a asignaciones constitucionales como municipalidades o deportes.
No obstante, Estrada reconoció que esta herramienta no es perfecta, pues cerca del 50 % del alivio beneficia directamente al 10 % de personas con mayores ingresos. Además, alertó sobre el alto costo fiscal de la medida, estimando que podría superar los tres mil millones de quetzales en apenas tres meses, recursos que podrían utilizarse para atender la crisis alimentaria o la sequía. Por ello, se busca guardar opciones para apoyos más directos a la población vulnerable.
En el caso específico de los transportistas, mencionó que el sector ha mostrado rechazo a mecanismos de subsidio directo y que la percepción generalizada de ineficiencia o corrupción ha deslegitimado otras herramientas de apoyo.
