El Congreso de la República aprobó de urgencia nacional la exoneración de impuestos a los combustibles, una medida que suspende hasta el 31 de diciembre de 2026 el pago del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la importación y venta de combustibles.
Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, explicó en una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que esta decisión responde a una necesidad inmediata y goza de legitimidad y aprobación ciudadana en medio de una alta desconfianza hacia otros mecanismos de apoyo económico o control de precios.
Según el diputado, esta exoneración es menos focalizada que otros esquemas previos y supone un alivio fiscal temporal, ya que la meta de recaudación superaba por entre dos mil y dos mil quinientos millones de quetzales lo previsto para el año. Así, se otorga un alivio fiscal por el impacto de la crisis de combustibles y la situación macroeconómica, sin realizar ajustes a asignaciones constitucionales como municipalidades o deportes.
"Aunque con la desventaja de que rebaja más a las gasolinas que al diésel, lo aprobado ayer era la medida más inmediata y la que pedía la población para mitigar los precios", expresó el entrevistado.
No obstante, Estrada reconoció que esta herramienta no es perfecta, pues cerca del 50 % del alivio beneficia directamente al 10 % de personas con mayores ingresos. Además, alertó sobre el alto costo fiscal de la medida, estimando que podría superar los tres mil millones de quetzales en apenas tres meses, recursos que podrían utilizarse para atender la crisis alimentaria o la sequía. Por ello, se busca guardar opciones para apoyos más directos a la población vulnerable.
Medidas para atender la situación en el país
En el caso específico de los transportistas, mencionó que el sector ha mostrado rechazo a mecanismos de subsidio directo y que la percepción generalizada de ineficiencia o corrupción ha deslegitimado otras herramientas de apoyo.
El diputado sostuvo que quitar impuestos equivale económicamente a otorgar un subsidio, ya que el resultado es el mismo para el consumidor. Sin embargo, consideró que parte del debate sobre qué opción es más efectiva se ha contaminado con argumentos políticos y percepciones negativas, algunas de ellas infundadas, que afectan la gobernabilidad y la viable aplicación de políticas públicas.
Respecto al futuro de estas medidas, Estrada indicó que será necesario organizar el presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal si la exoneración se extiende, señalando que cualquier ajuste implicaría reasignar fondos y "quitarle a alguien más". Por ahora, se ha aprovechado el superávit de recaudación, pero advirtió que estos alivios deben acompañarse de mecanismos de apoyo focalizado si la crisis persiste.
En el Congreso se discute la creación de un fondo compensatorio a largo plazo, una herramienta técnica y presupuestaria que permite inyectar recursos de manera ágil para estabilizar los precios de los combustibles cuando sea necesario, sin generar distorsiones fiscales o incentivar el contrabando.
En cuanto a la percepción ciudadana sobre los precios, Estrada explicó que es lógico que la población recuerde más los incrementos que las rebajas, lo que alimenta la idea de que las medidas no benefician a los consumidores. Sin embargo, insistió en la necesidad de mantener soluciones técnicas y buscar la sostenibilidad a largo plazo.
Finalmente, ante la posibilidad de nuevas demandas de los transportistas para un apoyo focalizado al diésel, señaló que eventualmente podrían coexistir las actuales medidas de exoneración con decretos previos, siempre que se manejen fondos separados y existan acuerdos políticos para su aplicación.
