El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas en el Congreso de Guatemala, explicó la posible convivencia de dos leyes que impactan en los precios de los combustibles: una que fija valores de referencia para el diésel y las gasolinas, y otra que elimina temporalmente ciertos impuestos. Ambas iniciativas, aprobadas por el Legislativo, esperan la sanción o veto del Ejecutivo.
Estrada detalló este viernes, durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que la coexistencia de estas leyes responde a solicitudes directas del sector transportista, quienes han pedido un apoyo focalizado al diésel.
Según el diputado, no existe una contradicción entre ambas normativas, ya que operarían bajo mecanismos y ritmos de implementación distintos, especialmente en lo relacionado a compensaciones para gasolineras y subsidios por precios tope.
Estrada ilustró cómo, por ejemplo, la eliminación temporal del IVA y el IDP haría descender el precio de la gasolina súper de Q44 a Q34.59. Si coexistiera la ley de precios tope, no haría falta compensar a estaciones de servicio por vender por debajo del tope, pues el precio estaría bastante reducido.
El diputado subrayó que, aunque estas medidas semejan una exención temporal de impuestos, el efecto económico es equivalente a un subsidio. Sin embargo, apenas el 10% del beneficio de estas exenciones llega a la mitad con menos ingresos del país, mientras que los de ingresos altos reciben el grueso del alivio.
Propuesta para hacer llegar fondos a la población
El legislador del bloque Cabal comentó que los recursos destinados originalmente (unos Q2,500 millones del decreto 21-2022) podrían utilizarse de forma eficiente en distintos escenarios para finalizar a los guatemaltecos.
En ese contexto, planteó una propuesta alternativa: capitalizar el fondo de compensación y dirigir alivios directamente a la población más afectada, como quienes sufren altos costos de energía, transporte y alimentos. Y anunció que estará socializando el tema para concretar la iniciativa y avanzar en los procedimientos para su eventual puesta en marcha.
Destacó que la mitad de la población guatemalteca no recibe impacto directo con las leyes de subsidio a los combustibles, por lo que considera fundamental diseñar apoyos económicos directamente a quienes más lo necesitan, por ejemplo, mediante transferencias a través de facturas eléctricas o programas similares a los bonos familiares implementados en pandemia.
Respecto al próximo periodo, Estrada expresó la necesidad urgente de implementar soluciones integrales ante el riesgo creciente de inseguridad alimentaria. Pese a la presentación de un presupuesto históricamente elevado y un endeudamiento alto, lamentó la ausencia de fondos para combatir el hambre. Estima que cinco millones de guatemaltecos, tanto en áreas rurales como urbanas, están en riesgo por la disminución del consumo de proteínas debido a los altos precios.
El llamado final de Estrada fue a la acción técnica y política inmediata para definir programas y procedimientos que permitan intervenir a partir de enero, cuando terminen las reservas familiares de alimentos y el riesgo sea más crítico en los sectores vulnerables.
