Seis personas fueron detenidas hoy en un operativo que busca dar con más responsables implicados en la estafa de Q1 mil 540 millones a más de nueve mil clientes del Banco del Comercio, que en 2007 suspendió sus operaciones al haberse quedado sin liquidez.
El Ministerio Público (MP) explicó, durante una conferencia, que realizó 13 allanamientos en la capital para capturar a trabajadores y extrabajadores de la Superintendencia de Bancos (SIB) y de la Instendencia de Verificación Especial (IVE).
Los detenidos
Así, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Ricardo Guillermo Vélez Lara, Juan Carlos García Revelorio, Efraín Gómez Samayoa, Óscar Rubén Ortiz Zelada, Mario Roberto Ochoa Maldonado y Samuel Rubén Alcántara Miró.
Las detenciones fueron giradas por delitos de lavado de dinero, intermediación financiera y omisión de denuncia. El Juez ordenó que los cinco implicados sean trasladados a prisión provisional en el cuartel de Matamoros.
Supuestamente ellos eran los encargados de la “supervisión de los bancos” y de vigilar las “transacciones sospechosas”, pero según la investigación “no reportaron los movimientos ilegales que efectuó dicho Banco, lo que habría motivado la estafa a los clientes”.
El operativo, que continúa en marcha, forma parte de la segunda investigación de este caso, por el que 17 personas fueron enviadas a juicio en mayo por el delito de lavado de dinero u otros activos e intermediación financiera, entre otros.
¿Qué fue lo que pasó?
Según la investigación, esas 17 personas, auditores y representantes legales de varias empresas que fueron detenidas y ligadas a proceso el año pasado, estafaron a clientes e inversionistas del Banco de Comercio.
La Junta Monetaria suspendió las actividades del Banco de Comercio en 2007 debido a su insolvencia financiera.
La institución había sido acusada de intermediación financiera, es decir que el dinero captado lo invertía en créditos o financiación de cualquier naturaleza sin lo establecido en la Ley de Bancos.
Según la Fiscalía, una de las formas de operar consistió en otorgar préstamos millonarios sin garantía a empresas relacionadas con el Banco de Comercio.
El dinero se habría captado por medio de la Organizadora de Comercio S.A., ubicada en Panamá, y la Organizadora del Comercio S.A., con sede en Guatemala.
