El sector empresarial de Guatemala señaló que se pierden 5,1 millones de quetzales diarios “en concepto de salarios, impuestos y proveedores” por la inoperancia de la mina El Escobal, de Minera San Rafael, ubicada en el municipio de San Rafael las Flores.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) advirtió que la falta de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) a un amparo interpuesto en contra de las operaciones de la mina “puede afectar el clima de inversión” en el país.
El presidente del Cacif, Antonio Malouf, explicó que la CC debía emitir su fallo definitivo “a los 5 días de celebrada la vista pública -del 26 de octubre-“, un plazo que venció el lunes 6 de noviembre.
El amparo lo interpuso el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) en contra de que opere Minera San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources Inc., pues previo a otorgarse las licencias de exploración y explotación de los recursos, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no realizó la consulta correspondiente a la comunidad xinca.
En junio pasado, la Corte Suprema de Justicia suspendió las actividades de la mina -en Santa Rosa, a 73,8 kilómetros de la capital-, decisión que revirtió en agosto al permitir que se reiniciaran los trabajos, pero también mandó a realizar la consulta al MEM.
Q5.1 millones diarios se pierden por inoperancia de Mina San Rafael, en concepto de salarios, impuestos, proveedores, afirma @jtefel1 pic.twitter.com/KM3ckBMtnd
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CALAS apeló ante el Constitucional, pues las comunidades de 7 municipios circundantes al proyecto minero realizaron consultas populares y municipales “previas, libres e informadas” que rechazaron la mina, las cuales no fueron consideradas vinculantes ante la ley.
La postura de CALAS, “de querer suspender definitivamente operaciones de Minera San Rafael no tiene fundamento legal”, apuntó Malouf.
El Cacif pidió a los magistrados de la CC que “cumplan con la ley” y sean “coherentes con sus propios fallos”, como la sentencia del caso de la Hidroeléctrica Oxec, la cual estableció que “mientras no haya ley que regule las consultas, esa sentencia aplica a todos los casos del Convenio 169”.
Este llamado, asintió el empresario, “no es una presión a las cortes, sino una solicitud para que cumplan con los plazos”.
La @CC_Guatemala debe emitir un fallo definitivo a los 5 días de celebrada la vista. Plazo venció lunes de la semana pasada pic.twitter.com/IJme0KUIhf
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En la segunda quincena de octubre, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) también pidió a la CC resolver en favor de la Minera San Rafael, ya que se pone en riesgo 17.000 empleos directos.
“Consideramos que la certeza jurídica es vital para poder atraer inversiones a Guatemala para generar desarrollo y empleo digno y eso está en riesgo por la suspensión de las operaciones”, advirtió.
Pero el 27 de octubre pasado, tras una visita a la comunidad de Casillas, aledaña a la mina, las mujeres ganadoras del Premio Nobel de la Paz: Rigoberta Menchú, Jodi Williams, Tawakkul Karman y Shirin Ebadi pidieron respetar el resultado de la consulta comunitaria de 2012, que obtuvo el 98,2 % de votos en contra la mina.
Asimismo, las Nobel de la Paz condenaron enérgicamente la participación del Estado en “la violencia física y psicológica que han vivido las 7 comunidades en resistencia” alrededor del proyecto minero, cuya concesión “se debe anular por completo”, concluyeron.
Con información de la agencia EFE
Según Cacif, está en manos de la CC el futuro de las operaciones de la Mina San Rafael, piden que se cumpla con los plazos establecidos en la Ley y agregan que las pérdidas ascienden a 1.1 millones diarios en impuestos.
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CSJ ratifica amparo provisional que deja sin operar a mina San Rafael.
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