Aunque desde 1985 se han entregado en el Congreso de la República casi una treintena de proposiciones de ley, Guatemala todavía no dispone de ninguna legislación que defina exactamente el papel del Estado en la protección, la regulación y la repartición del agua, un recurso del que carecen unos 4 millones de personas, publicó la agencia de noticias EFE.
Desde 1987, Guatemala hace uso de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que exige al Gobierno que controle y administre el agua, sin obligación, sin embargo, de garantizar su protección y vigilancia.
Proyectos de ley
En mayo de 2016, ante la gravedad de la situación, se presentó uno de esos proyectos de ley llamado Ley de Aguas y Recursos Hídricos, en el cuál se proponía modernizar la actual Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, así como complementarla para incrementar su eficiencia.
Sin embargo, desde su presentación en el pleno, la ley no ha sido revisada y se queda por el momento paralizada.
No obstante, pone en relieve acciones que serían de gran importancia para el desarrollo del país, tanto desde el punto de vista social como económico o ambiental.
Entre otros aspectos, propone “la organización del sistema de derechos de uso y aprovechamiento” del agua, algo que todavía no existe, de tal manera que cualquier tercero, particular o empresa explote el agua sin estar sujeto a ningún tipo de control.
También plantea “políticas y técnicas apropiadas para detener y reducir el deterioro de las aguas nacionales”, en un intento de proteger el medioambiente y la subsistencia a largo plazo de una de las principales riquezas de Guatemala.
Mas la ley prevé sobre todo la creación de una nueva institución, la Comisión Estatal del Agua (CEA), que estaría encargada de estudiar los problemas nacionales respecto a este recurso, enfrentar los retos y solucionarlos apoyándose en un mínimo por año de Q30 millones.
Sanciones
Como punto novedoso, esta ley establece una lista de sanciones para todo tipo de infracciones, sobre todo aquellas que tratan de dañar al medioambiente y que pueden suponer una multa entre Q1 mil y Q3 mil salarios mínimos.
La Ley de Aguas y Recursos Hídricos promete entonces un desarrollo sin precedente de la legislación en el tema de la protección del agua, y de ahí, de la protección del medio ambiente, debido que el 90 por ciento de los ríos de Guatemala están contaminados.
También sería un paso en adelante para la repartición igualitaria del agua: según los últimos datos, más de 4 millones de guatemaltecos no tienen acceso a agua potable y solo el 16 por ciento de los más de 16 millones tienen acceso a agua limpia, un déficit que aumenta en el interior del país, sobretodo en áreas rurales e indígenas.
Y es que la falta de legislación de este recurso en Guatemala, uno de los países de Latinoamérica con mayor rezago en temas de saneamiento y agua potable, parece una quimera. Y eso que el presidente, Jimmy Morales, anunció en abril de 2016 en la ONU que esta era una prioridad de su Gobierno tras una marcha multitudinaria que reclamó el cuidado del medioambiente y el derecho al agua.
