La diputada Andrea Villagrán presentó un amparo para que el Pleno del Congreso de la República no conozca, en tercer debate, las reformas al delito de financiamiento electoral anónimo.
Según la parlamentaria, en la iniciativa hay un conflicto de interés que involucra a 66 de los diputados, los cuales pertenecen a agrupaciones investigadas por ese delito.
Reacción de los diputados
Algunos diputados opinaron sobre la acción planteada por la diputada Villagrán. Para Orlando Blanco de la UNE, ningún congresista ha cometido delito alguno y se trata de una acción política para obtener votos con miras a la contienda electoral.
Por su parte, Carlos Fión, de CREO, dijo que en primer lugar el Congreso está legislando sobre el artículo 407N porque la Corte de Constitucionalidad lo exhortó y porque la función de ese organismo de Estado es legislar, que a su criterio es una acción incoherente.
