El Parlamento del Pueblo Xinca saludó hoy la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que mantiene suspendidas las operaciones de la minera San Rafael, de capital canadiense, y los campesinos levantaron el bloqueo que instalaron en ese organismo en noviembre de 2017.
“La sentencia, aunque no es la que esperábamos, la vemos positiva porque abre los espacios para que podamos participar en la determinación de la viabilidad o no del proyecto”, expresa un pronunciamiento de ese Parlamento integrado por dirigentes de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa.
Hace tres días, la máxima instancia jurídica ratificó la suspensión de las operaciones de la minera y ordenó al Gobierno que realice “inmediatamente” la consulta popular al pueblo xinca.
¿Qué dice la resolución de la CC?
“Se ordena que inmediatamente el Estado proceda a efectuar la consulta y una vez efectuada la consulta, que el proyecto minero continúe su funcionamiento”, dice el fallo.
La sentencia “sienta un precedente importante porque no se puede otorgar ninguna licencia ni de minería ni de hidroeléctrica que pueda afectar los territorios de los pueblos indígenas si no se hace la respectiva consulta”, resalta el pronunciamiento.
El Parlamento espera que las instituciones cumplan lo ordenado por la CC de forma “objetiva, responsable e imparcial” y advierten que estarán vigilantes sobre este proceso.
Minera San Rafael: ¿Cuán viable es la consulta comunitaria ordenada por la CC?https://t.co/iKBBnPbtWX pic.twitter.com/Pa4Z7081Qu
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 4, 2018
Levantan bloqueo
Moisés Divas, de la Comisión Interdiocesana de Defensa de la Naturaleza (Codidena), explicó que levantaron el bloqueo pacífico que desde noviembre de 2017 mantuvieron afuera de la CC en la capital. Pero aseguró que se mantendrán los de Casillas y Mataquescuintla, los cuales están desde junio de 2017.
Comentó que presentaron a la CC una acción de aclaración porque en la resolución no está claramente definido en qué pueblos deberá hacer la consulta el Ministerio de Energía y Minas.
Oralia Villalta, dirigente xinca, manifestó que lo resuelto por la CC es la respuesta a la lucha por la defensa del territorio. “Valoramos la unidad del pueblo xinca para defender el agua y la vida”, dijo.
Incertidumbre legal
El caso de la minera estuvo en la incertidumbre desde que se suspendieran las operaciones en julio de 2017 por la ausencia de una consulta obligatoria a los pueblos circundantes a la mina El Escobal, de la empresa San Rafael, subsidiaria de la firma canadiense Tahoe Resources.
En opinión del presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, Juan Tefel, el fallo destruye la poca certeza jurídica que existía.
