El pleno del Congreso aprobó ayer, con 87 votos a favor, en tercera lectura, el proyecto de ley sobre “aceptación de cargos” planteada por el Organismo Judicial. La propuesta cambia también varios artículos del Código Procesal Penal.
La propuesta contempla reducción penas: 50 % si el sindicado acepta su culpa en primera declaración; 40 % si la acepta durante el proceso, y 30 % si admite al iniciar el proceso…
Para platicar sobre el particular, el programa A Primera Hora invitó a Javier Monterroso, exsecretario privado del Ministerio Público (MP). Estas son sus observaciones…
¿Qué diferencia hay con el proceso abreviado que se plantea en el Código Penal?
Se refiere a una ley importada, porque analizando el modelo, es similar al denominado plie barguin (acuerdo de súplica) que se aplica en Estados Unidos, donde el 90 por ciento se va por esa fórmula, que es aceptar la culpa por una rebaja de la pena.
Además, porque el juicio por medio de un jurado es como una moneda al aire, porque no se sabe si vas a convencer a los jurados, por lo que el 90 por ciento se va a así.
Ese modelo después fue importado a Colombia, con algunas modificaciones. Se ha criticado porque su aplicación no ha sido lo suficiente para descongestionar el sistema de justicia.
Mario Fuentes Destarac: "Fue un planteamiento desde 2016 y lo plantea la Cicig (aceptación de cargos), estaba dentro del contexto de descongestionar los procesos penales y tener condenas más rápido en lugar de agotar un proceso más rápido". #EUReformas pic.twitter.com/OBJSCMphmd
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¿Por qué Cicig impulsa esa posibilidad? Datos del observatorio de justicia presentado ayer señalan que un juicio en Guatemala tarda 918 días cuando los parámetros deberían de ser entre 140 y 190 días. Tendrían que durar cinco meses, pero duran casi tres años.
Una de las críticas a Cicig es que no ha logrado suficientes condenas en relación con la cantidad de casos que ha investigado.
Data de 2016
La ley fue presentada en 2016. Pasó por dos dictámenes legislativos. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) planteó enmiendas. Es una ley polémica. Las organizaciones que apoyan a víctimas de violación plantean que en el caso de mujeres víctimas habría que pensar si se aplica a los victimarios, porque no existe la reparación digna.
En el procedimiento abreviado y en el criterio de oportunidad si es obligación que el victimario repare a la víctima. Los diputados señalaban que debería aprobarse solo para rebajar la pena, sin aplicar testimonios adicionales para otros procesos.
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Prisión preventiva, ley de brazaletes… ¿eso no resuelve el problema?
En Guatemala tenemos la mala costumbre de que pensamos que todos los problemas se arreglan con nueva legislación, pero también se resuelven con la aplicación de la ley.
Hace 15 años los procesos duraban dos años, ahora tardan dos años y medio… casi tres años. No se ha mejorado nada en 15 años.
Ayer Asíes presentó un informe sobre la situación del sistema de justicia penal que señala que 1 de cada 3 audiencias se suspenden (el 32%) porque no llega el testigo, no llega el perito, el SP no traslada al reo o el fiscal se escusa.
Hay falta de coordinación entre las diferentes cámaras del sistema de justicia. Cualquier limitación de prisión preventiva podría favorecer a la exvicepresidenta Roxana Baldetti o al expresidente Otto Pérez.
Javier Monterroso: “Si no se hacen cambios de fondo no será posible implementar efectivamente este tipo de propuestas de ley (aceptación de cargos)” #EUReformas pic.twitter.com/PP7Ovaoo0y
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Podría castigarse el litigio malicioso
Ha habido propuestas de reforma en este sentido, como penalizar al abogado para que no presente tanto amparo o recurso que busca entorpecer el proceso. Muchos abogados utilizan esos recursos para entorpecer el proceso.
Un ejemplo es el caso del diputado Felipe Alejos… fueron 15 recusaciones para evitar que el juez conociera el caso y cuando éste lo conoce, dice que no procede el antejuicio. Pareciera que estaban llegando a un acuerdo el diputado y el juez.
El brazalete se impulsó paradescongestionar las cárceles, pero no se ha logrado. No ha habido cotización de brazaletes, se han presentado amparos contra la medida, no se ha elaborado un reglamento, en fin, no se ha aplicado. Hay una incapacidad para implementar lo que ya se ha aprobado.
Javier Monterroso: "Los legisladores están inmersos en la coyuntura política, entonces discusiones importantes como la de financiamiento electoral ilícito, como la prisión preventiva o la limitación caen en coyuntura". #EUReformas pic.twitter.com/4tm6KuOLDl
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Cuestión filosófica
No es la dureza de la pena, sino su aplicación la que produce la paz social y la efectividad del proceso penal. La desesperación de que no caminan los procesos hace que traigamos este modelo. En Colombia, ese modelo generó gran expectativa, al final de la implementación no rindió sus frutos.
La conclusión es que la iniciativa va, y me parece positivo que haya consenso entre el Congreso y la CSJ. Sin embargo, si se cree que con esta iniciativa se van a descongestionar los tribunales, estamos equivocados.
En Jutiapa están agendando audiencias para 2020. Por otra parte está la agenda de los jueces. No es posible que suspenda audiencias porque se le acumulan los casos, porque no tiene capacidad para sistematizar el trabajo o porque los viernes, por ejemplo, no llegan a trabajar.
Por más que se hagan iniciativa si no se cambia el modelo de gestión judicial, si los jueces no apartan su despacio para atender los casaos, aunque la iniciativa tenga buenas intenciones, si no hay apoyo lo mismo vamos a tener.
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