La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó una acción constitucional de amparo en contra del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por rechazar la solicitud de antejuicio promovida por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la CICIG, en contra de Sandra Torres.
Debido a que Torres goza de antejuicio por ser candidata a la Presidencia, por la UNE, la CICIG y el MP presentaron la solicitud de antejuicio a la CSJ; sin embargo, dicho organo lo rechazó in limine.
La solicitud de antejuicio tambié se formuló contra los diputados: Jairo Joaquín Flores Divas, Julio César Ixcarney Velásquez, Karina Alexandra Paz Rosales y Jorge Estuardo Vargas Morales, quienes tienen derecho de antejuicio.
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Amparo
En la solicitud de amparo la CICIG remarca que no existe motivo para afirmar que la demanda de antejuicio presentada tiene motivaciones "espurias ni hay relación de situaciones irracionales o maliciosamente inventadas, sino exactamente lo contrario".
De acuerdo con CICIG la denuncia relata hechos que se sustentan en evidencia legal, legítima, y en respeto de la técnica y la ciencia. "En otras palabras, no se atribuyen hechos inexistentes o absurdos (espurios)", indica el comunicado emitido por CICIG.
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La CICIG aclaró que no es un partido ni organización política, sino una entidad que ejecuta la función de acompañamiento técnico al Ministerio Público (MP) en la investigación, denuncia y tramitación de casos.
La resolución de la CSJ
Según la resolución de la CSJ: “no puede ser atribuido a los antejuiciados porque el mismo entró en vigencia en 2018”, mientras que los hechos denunciados por dicha fiscalía del Ministerio Público (MP), “se cometieron en 2015”, y según la Corte, “se estaría usando un tipo penal no vigente a los hechos narrados por la fiscalía”.
Según MP y CICIG no se reportó al TSE Q19.5 millones
Las solicitudes de antejuicio contra Torres, y los legisladores Paz, Flores, Ixcamey y Vargas, surgió de la investigación en el caso denominado “Traficantes de Influencias”, y los hechos que señala el MP y la CICIG, se relacionan a que supuestamente no se reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la suma de Q19.5 millones, los cuales, según las pesquisas se habrían canalizados a través de tres empresas.
