La fiscal general de Guatemala y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, acordó este martes con Estados Unidos la creación de una unidad fiscal orientada a la investigación y persecución penal de estructuras criminales dedicadas al tráfico de personas.
El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, acompañó a la fiscal general en la presentación del proyecto ofreciendo asistencia para el establecimiento de dicha Unidad.
En la presentación de la iniciativa también participaron miembros de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y por el Ministerio Público asistieron diversos funcionarios, como el secretario general Rony Eulalio López Contreras; el secretario de Asuntos Internacionales y de Cooperación, Ángel Pineda Ávila, o el fiscal de sección de la Fiscalía Contra la Trata de Personas, Alexander Colop.
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La embajada estadounidense emitió un mensaje a través de sus redes sociales en el que felicitó a la Fiscalía de Guatemala por la decisión de crear esta unidad, un “esfuerzo que contribuye a frenar la migración ilegal”.
“La investigación y persecución del tráfico ilícito de personas disminuye la migración ilegal y contribuye a la seguridad, gobernanza y prosperidad de todos los guatemaltecos”, aseguró la sede diplomática, y agregó que este plan también ayudará a combatir a los coyotes.
Problema creciente
El tráfico de personas es un fenómeno que le ha generado a las estructuras criminales hasta 25 millones de dólares y es un flagelo, según explicó el Ministerio Público, “que trata a las personas más vulnerables como mercadería arriesgándoles la vida y en muchos casos explotándolas laboral o sexualmente”.
El informe de la Procuraduría de Derechos Humanos de 2017 señalaba que el delito de trata de personas ha tenido una recurrencia similar con cifras superiores a 500 casos anuales en Guatemala.
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Este flagelo está muy relacionado “con la existencia de instituciones sociales permisivas y con un sistema patriarcal que fomenta relaciones de desigualdad, dominación, exclusión y explotación”.
La mayoría de las víctimas en el país son mujeres de todas las edades, especialmente en explotación sexual y trabajo forzado, y en caso de los hombres se relacionan con explotación laboral y mendicidad.
El 9 de abril de 2009 entró en vigencia la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Ley VET), que considera a la víctima como sujeto de derechos, protegiéndola desde la restitución de su libertad, la atención, protección y procesos, dando prioridad a la atención de las víctimas.
*Con información de EFE
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