El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, recomendó al presidente Jimmy Morales honrar su palabra y entregar las tierras que les ofreció a más de 300 familias indígenas del municipio de Cajolá que están acampando fuera de Casa Presidencial.
Rodas advirtió que la salud de estas familias, principalmente la de unos 200 niños que acompañan a sus padres corre riesgo. “Le recomiendo públicamente al presidente que honre su palabra y cumpla la promesa de la tierra que ofreció en 2016 porque ya en enero de 2020 termina su mandato”, manifestó.
Drama Humano
El magistrado de conciencia alertó que las familias indígenas de la etnia maya mam están viviendo “un drama humano” en las afueras de Casa Presidencial, donde se instalaron la semana pasada como medida de presión para que el gobierno de Morales atienda sus demandas.
“Vimos el drama que están viviendo los niños, las mujeres y los hombres y parte el alma” porque “no tienen alimentos y necesitan de la solidaridad del pueblo de Guatemala porque están viviendo de la caridad”, subrayó el Procurador de los Derechos Humanos.
Rodas agregó que espera que a la brevedad posible el presidente cumpla su palabra del ofrecimiento que les hizo a los indígenas de Cajolá, municipio de Quetzaltenango.
“Está en manos del presidente, no quisiera accionar legalmente Espero la buena voluntad (de Morales) de cara a entregar su mandato para que esta gente retorne a su comunidad”, subrayó.
Rodas consideró que el mandatario guatemalteco está consciente de la situación de las familias indígenas que acampan bajo rústicas
champas de plástico.
EE.UU. anuncia financiamiento para proyectos de desarrollo en Guatemala.
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Les ofrecieron tierra en 2016
En abril de 2016, según los indígenas, tanto el presidente como
el vicepresidente, Jafeth Cabrera, les prometieron entregarles tierras, pero hasta ahora ese ofrecimiento no se ha cumplido de parte del Fondo de Tierras o de la Secretaría de Asuntos Agrarios.
El diputado opositor Leocadio Juracán también ha instado al mandatario guatemalteco que garantice los derechos humanos de estas familias y que asigne los recursos económicos necesarios para cumplir con el compromiso de 2016.
La lucha por la tierra de las comunidades de Cajolá es” legítima” y está basada en la costumbre y sobre todo en el derecho histórico que los pueblos poseen sobre la tierra, manifestó.
Con información de agencia EFE
