París – El expresidente francés Nicolas Sarkozy (2007-2012) será juzgado por la presunta financiación irregular de la campaña de 2012, después de que el Tribunal Supremo desestimara este martes el recurso presentado para evitar sentarse en el banquillo.
La investigación del llamado caso “Bygmalion” fue abierta en 2014, año en que la prensa reveló que el exmandatario superó el límite máximo de gasto permitido durante una campaña electoral, que es de 22,5 millones de euros.
El juez instructor consideró en febrero de 2017 que Sarkozy debía comparecer ante un tribunal junto con otros 13 acusados, y aunque el político conservador recurrió esa decisión, el Supremo la validó hoy.
Según la acusación, para ocultar los sobrecostes de los actos electorales y de los viajes, los imputados recurrieron a los servicios de la empresa de comunicación Bygmalion, que emitió facturas falsas.
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Su abogado, Emmanuel Piwnica, hizo notar en la cadena “BFM TV” que lo único que se le reprocha a su cliente es haber sobrepasado los límites de financiación, pero que no estaba implicado ni conocía la supuesta trama de falsificación de facturas.
La instrucción concluyó que se ocultaron unos 20 millones de euros de gastos que debían haber figurado en las cuentas de campaña de Sarkozy, que acabó costando al menos 42,8 millones.
Las cuentas de esa campaña -en la que salió derrotado frente al socialista François Hollande- fueron invalidadas en julio de 2013 por el Consejo Constitucional, encargado de revisarlas, lo que motivó que tuviera que pagar más de 360.000 euros de multa y devolver la subvención pública, de casi 12 millones.
Exprimer ministro conservador francés, también será juzgado
El exprimer ministro conservador francés Édouard Balladur será juzgado, junto al que fue su ministro de Defensa François Léotard, por su presunta implicación en un sistema de comisiones a partir de contratos de venta de armas firmados con Arabia Saudí y Pakistán.
El conservador Balladur (90 años) y Léotard (77 años) comparecerán ante el Tribunal de Justicia de la República, competente para juzgar a los aforados en el ejercicio de sus funciones, por complicidades de abuso de bienes sociales, indicó la Fiscalía en un comunicado.
El que fuera primer ministro entre 1993 y 1995 también deberá responder por la presunta financiación ilegal de su campaña para las presidenciales de 1995, en la que fue eliminado en la primera vuelta y que acabó ganando el también conservador Jacques Chirac.
Sus cuentas de campaña recibieron 10 millones de francos en efectivo (el equivalente de más de 1,5 millones de euros) que los jueces instructores vincularon con las comisiones pagadas en contratos de armamento.
Con información de agencia EFE
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