La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo en definitiva a la Procuraduría General de la Nación (PGN) en el cual se ordena a la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitir una nueva resolución por el caso de usufructo otorgado a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), proceso que se llevó a cabo durante el gobierno del Partido Patriota.
Ante ello, el usufructo continúa en suspenso, por lo que la CC dio un plazo de 15 días a la Cámara Civil para que emita el nuevo fallo. También el máximo tribunal constitucional rechazó un amparo planteado por ATM Terminals S.A., entidad que quedó a cargo del proyecto.
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Proceso
Esto surge luego que en 2016 la PGN solicitó la anulación del usufructo, petición que quedó en firme en 2017 mediante una sentencia dictada por la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo.
Un año después del fallo la Cámara Civil lo revirtió, por lo que la otorgación del usufructo quedó en suspenso. Ante ello, la PGN acudió a la CC solicitando un amparo.
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Sobornos
El caso TCQ surge el 15 de abril de 2016 cuando el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) destaparon este caso de corrupción que involucran al expresidente Otto Pérez Molina, así como a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Según las pesquisas, ambos exgobernantes y otras personas son señaladas de haber participado en la firma de un contrato “irregular” a cambio de sobornos entre la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ), con la Empresa Portuaria Quetzal.
El 8 de mayo del presente año fue capturado el empresario Ángel Pére Maura, vicepresidente del Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), quien habría autorizado pagar sobornos por 30 millones de dólares para obtener la concesión durante 25 años prorrogables de la TCQ.
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Se presume que el 50 por ciento de ese dinero fue entregado a los gobernantes de esa época (Pérez Molina y Baldetti), quienes se repartieron dicho monto.
