El diputado Aldo Dávila, el Comité Campesino del Altiplano y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) accionaron contra el estado de Sitio declarado en cinco municipios de Izabal y Alta Verapaz.
El pasado domingo fue publicado en el diario oficial el acuerdo gubernativo 13-2020, que establece la medida en esas localidades como un mecanismo para combatir los grupos criminales.
Según el parlamentario de la bancada Winaq, se busca dejar sin efecto esa normativa, por considerar que al hacer el Gobierno esta declaratoria se están vulnerando los derechos humanos de la población.
“Presentamos un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, por medio del cual se solicita la suspensión del estado de Sitio”, dijo Dávila.
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Argumentos
El parlamentario criticó que se quiera resolver la situación por medio de un estado de Sitio, sin tenerse primero un diálogo o abordar la problemática de manera integral, sino que, según sus palabras, se opte “de una vez por violentar los derechos humanos”.
“Dicen que estamos en contra del desarrollo de la industria, eso no es así, pero se debe de tener una norma, se tienen que seguir las consultas, en base a lo que los ciudadanos quieran”, dijo.
Añadió que “no es nada más de ir a imponer” la destrucción de la naturaleza, la contaminación de ríos y el desvío de los mismos.
Realizan allanamientos en Izabal como parte del estado de Sitio
Mientras tanto, el representante de la CIJ explicó que decidieron plantear el recurso porque consideran que el estado de Sitio lo que ha hecho es poner en una vulnerabilidad muy grande a las poblaciones, pues se restringe una serie de derechos.
“Todo régimen de excepción de derechos tiene que estar sujeto a tres principios básicos: la proporcionalidad, la estricta necesidad y la legitimidad, y ninguno de estos se cumple”, enfatizó.
