El Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, le otorgó arresto domiciliario a la exdirectora del Registro de Información Catastral (RIC), Emilia Ayuso, procesada dentro del caso Cooptación del Estado.
Según la resolución de la judicatura, la exfuncionaria debe cumplir con firmar periódicamente el libro de asistencia en el Ministerio Público y tiene prohibido hablar con coimputados. De igual forma, se le dictó arraigo, por lo que no podrá salir del territorio nacional.
Ayuso ha permanecido por más de seis años en prisión preventiva y en ese período había presentado otras peticiones para que se le beneficiara con medidas sustitutivas. El argumento principal que planteó fueron los problemas de salud que supuestamente sufría.
Además de ello, la defensa de la procesada aseguró en una audiencia en mayo de 2020 que el estar en un centro de detención generaba la posibilidad de que pudiera contraer el Covid-19 y complicar su situación.
Sin embargo, el juez contralor del caso consideró que no existían las condiciones para que pudiera otorgársele tal disposición.
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Caso que involucra a Ayuso
Según las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Ayuso estaría vinculada con una organización que se apropió de fondos públicos.
Actualmente enfrenta proceso penal en el caso denominado Cooptación del Estado por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo.
La referida investigación se relaciona con supuestas acciones de corrupción gubernamental que estuvieron a cargo de una red que se creó durante el gobierno del desaparecido Partido Patriota (PP).
El expediente del caso señala que los involucrados se habría aprovechado de las finanzas de diversas entidades públicas para beneficiar a financistas de campaña y empresarios.
Con las investigaciones se afirma que funcionarios de la administración de gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, expresidente y exvicemandataria, respectivamente, recibieron sobornos.
