La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones dictará al mediodía de este martes 9 de mayo la resolución de la apelación especial que planteó el equipo legal de la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra.
Con esta acción su defensa busca dejar sin efecto la sentencia de cuatro años de prisión conmutables dictada el 16 de diciembre de 2022 por el Tribunal Octavo, que encontró culpable a la exfiscal por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.
El caso en su contra se relaciona con varias denuncias administrativas que Laparra presentó en contra del entonces juez Lesther Castellanos.
La audiencia para la presentación de los argumentos se llevó a cabo el pasado 25 de abril y, como lo establece la ley, se fijó este día para emitir la resolución correspondiente.
#EUNacionales Es el segundo proceso que enfrentará la exfiscal, que el pasado 16 de diciembre fue sentenciada por un tribunal capitalino.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 23, 2023
Laparra sigue en prisión
A pesar de que la referida sentencia es conmutable, actualmente Virginia Laparra lleva más de 14 meses privada de libertad debido a que en un segundo proceso en su contra se le dictó prisión preventiva.
El 4 de enero del presente año la exfiscal del Ministerio Público fue ligada a proceso penal y el pasado 21 de abril fue enviada a juicio por la posible comisión del delito de revelación de información confidencial o reservada. Este hecho también estaría relacionado con en exjuez Castellanos.
El Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango estará a cargo del debate oral y público, que está previsto para el próximo 22 de mayo.
A nivel nacional e internacional han surgido diferentes pronunciamientos por la situación de Laparra. El portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price, señaló: “El enjuiciamiento selectivo de actores de la justicia y los medios socava el Estado de derecho, la democracia y la prosperidad de Guatemala”.
En tanto, Amnistía Internacional señaló que “las arbitrariedades y violaciones a derechos humanos que se siguen dando en los dos procesos que enfrenta (la exfiscal) siguen confirmando la intención de castigarla por su trabajo como fiscal anticorrupción”.