El magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, se refirió este jueves 26 de octubre a las resoluciones emitidas recientemente por ese alto tribunal relacionadas con el proceso electoral y las manifestaciones ciudadanas que se desarrollan desde hace más de tres semanas a nivel nacional.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el togado resaltó que tanto él como los demás integrantes de la VIII Magistratura son “amantes de la democracia”. Asimismo, destacó que sus fallos son resultado de la aplicación de la Carta Magna.
“Nuestras resoluciones son basadas en la Constitución Política, no al menú de quienes nos van a buscar. Digo, con mucha certeza y firmeza, que no lo hacemos para recibir aplausos de nadie, ni estamos sujetos a ninguna amenaza ni a ningún tipo de sanción, ni interna ni externa”, resaltó.
Asimismo, el entrevistado criticó la forma en que se aborda la coyuntura nacional y las decisiones de la Corte en los medios de comunicación, pues señaló que muchas veces se hacen juicios de valor, lo cual consideró que no es una buena forma de contribuir para que esta situación se arregle.
“Yo quisiera incluso repasar las resoluciones más importantes en este proceso, porque la verdad no veo en ninguna de ellas que sea cierto lo que dicen los que se consideran juristas, analistas, expertos, que son muy respetables, (aunque) todos tienen el derecho de expresarse (…), (que consideran) que son injustas, contradictorias”, resaltó.
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Roberto Molina Barreto, Magistrado de la Corte de Constitucionalidad: "Nosotros somos amantes de la democracia (…) Nuestras resoluciones son basadas en las Constitución Política, no al menú de quienes nos van a buscar. Digo, con mucha certeza y firmeza, que no lo… pic.twitter.com/HmUREJmOls
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 26, 2023
Molina se refiere al proceso electoral
Ante las acciones emprendidas por distintos actores en el marco de las elecciones, se le preguntó al magistrado Molina Barreto acerca de si existe peligro de que se anule el proceso electoral, a lo cual respondió:
“En absoluto, no hay nada de eso. Lo digo con toda franqueza, yo personalmente no veo nada que impida que haya una transición el 14 de enero”.
“(Y quiero) expresar enfáticamente que ninguna fiscalía tiene la facultad de anular un proceso electoral. No es muy difícil tener la intelección para poder determinar eso. (…) Cómo será posible que se crea que un fiscal general tenga facultad de anular un proceso electoral”, añadió.
El magistrado resaltó que tampoco ningún órgano jurisdiccional, entiéndase tribunales, tiene ninguna facultad de anular un proceso electoral, pues todo eso está en manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Creo que ellos mismos no entienden que son un Tribunal Supremo Electoral y que hay actos u omisiones que puedan estar mal. Y cuando se dan de cualquier organismo es que se puede activar la CC, que no debe ser invasora de funciones como lo hacía la VII magistratura, que incluso se puso a dictar políticas de relaciones internacionales”, manifestó.
Asimismo, el entrevistado destacó que tampoco se puede “castrar” a ninguna de las instituciones del Estado en el cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, indicó que cuando la corte sea requerida por una denuncia clara y concreta de que hubo indebido proceso o mala tutela judicial, o sea un fallo o disposición que no esté fundamentada, que no sea racionada, no sea proporcional, ahí se le manda a fundamentar, pero no se invade.
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Resolución sobre retiro de manifestantes
La CC emitió recientemente una orden para que se liberaran los accesos a las sedes del Ministerio Público (MP), en la cual se autorizaba el uso de la fuerza contra los manifestantes. En esta se conminó a las autoridades del Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil y Ejército para actuar.
Con respecto al tema, Molina Barreto aclaró que en la sede central del MP únicamente se ordenó desalojar el ingreso a las instalaciones y no retirar a todos los manifestantes.
Añadió que los magistrados resolvieron de esa manera tomando en cuenta que se trata de una institución que presta un servicio básico, es decir, la administración de justicia, y es necesario su funcionamiento.
