El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford (SLS) presentó este jueves 16 de mayo, en nombre del exembajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, un amicus curiae relacionado con la opinión consultiva que planteó el presidente Bernardo Arévalo con respecto a la interpretación de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP).
En el documento se hace saber a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que el diplomático podría ser consultado en el marco del análisis que se desarrolle en este contexto, dentro del expediente 2094-2024, relativo a los requisitos para el ejercicio del cargo y la rendición de cuentas del Fiscal General de la República.
“Conforme al ordenamiento jurídico nacional y la doctrina legal establecida por la honorable Corte para contar con elementos de derecho internacional”, añaden los abogados en su exposición.
Señalan también que se presentó este escrito con la intención de compartir las normas jurídicas internacionales relativas a la rendición de cuentas de los fiscales y las razones por las que el marco jurídico actual en Guatemala, con respecto a la rendición de cuentas del Fiscal General, no cumple con las obligaciones del país en virtud del derecho internacional.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 16, 2024
Planteamiento de Arévalo
El presidente hizo uso de la facultad que la ley le otorga y solicitó el pasado 8 de abril una opinión consultiva al máximo tribunal constitucional relacionada con la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, contra quien días antes se promovió una solicitud de retiro de inmunidad por no atender las convocatorias a reuniones realizadas por Arévalo.
Fue el secretario general de la Presidencia de la República, Juan Gerardo Guerrero, quien acudió a la sede de la CC para hacer el planteamiento con respecto a la honorabilidad de la titular del ente investigador.
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El funcionario señaló que, para el Ejecutivo, la fiscal no está comprometida en la lucha contra la corrupción y consintió un intento de ruptura del orden constitucional y el régimen político electoral de Guatemala.
Agregó que la titular del MP ha avalado la corrupción, ignorando hechos que describió como graves, como la compra de vacunas Sputnik V. También señaló que permitió que sus fiscales vulneraran y “manosearan” los votos de los ciudadanos para, de igual forma, sugerir que se anularan las elecciones generales.
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