El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía contra la Corrupción, realiza este miércoles 5 de junio una diligencia en el Hospital General San Juan de Dios, ubicado en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Esto se da en seguimiento de un caso de hurto de medicamentos denunciado en dicho centro asistencial.
El Departamento de Información y Prensa del ente investigador indicó que el objetivo es recabar información y documentación que será útil para el desarrollo de las pesquisas.
Por medio de sus redes sociales institucionales, el MP difundió las fotografías relacionadas con este operativo. En las mismas se observa al personal fiscal dentro del recinto hospitalario para llevar a cabo las acciones correspondientes.
En el marco de este expediente judicial, suman tres personas las que se encuentran ligadas a proceso penal luego de haber sido aprehendidos en flagrancia con medicamentos hurtados. Se trata de trabajadores del hospital.
#AHORA Fiscalía contra la Corrupción realiza diligencia en el Hospital General San Juan de Dios, en seguimiento a un caso de hurto de medicamentos por el cual tres personas fueron ligadas a proceso penal | Vía @MPguatemala pic.twitter.com/MgZ1T1dpZG
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 5, 2024
Procesan a trabajadores implicados en hurto
El caso sobre el hurto de medicamentos fue revelado el pasado miércoles 24 de abril, día en el que fueron detenidos los tres trabajadores del hospital San Juan de Dios tras ser sorprendidos cuando nuevamente buscaban sacar fármacos del centro asistencial.
El juzgado que conoció el expediente relacionado con esta investigación resolvió que existen indicios suficientes para considerar que estas personas estarían implicadas en los hechos irregulares que la fiscalía les atribuye.
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En ese sentido, determinó que enfrenten proceso penal y se profundice en las investigaciones que los vinculan. De igual forma, en el fallo se determinó que deberán permanecer en prisión preventiva mientras se desarrollan las pesquisas.
La semana pasada, Alexís Pamela Quinilla, una de las implicadas en estas irregularidades, solicitó por medio de sus abogados defensores que se le otorgaran medidas sustitutivas y el Juzgado Sexto Pluripersonal de Primera Instancia Penal avaló esa petición.
En ese sentido, se le impuso una caución económica de 2 mil quetzales y arresto domiciliario.