El Ministerio Público (MP) dio a conocer este martes 12 de noviembre los detalles acerca de la sentencia condenatoria dictada por un juzgado contra la directora del Instituto de la Víctima y exdiputada del partido Movimiento Semilla, Ligia Hernández Gómez.
La fiscalía resaltó que se trata de la primera condena contra un integrante de la referida organización política, con la cual el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera llegaron al Gobierno tras ganar las elecciones del año pasado.
Por medio de un comunicado, el ente investigador señaló que Hernández se acogió al procedimiento especial de aceptación de cargos, luego de que hizo la petición correspondiente por medio de un memorial que presentó su defensa el pasado 8 de noviembre.
Se indicó que durante la audiencia se presentaron los medios probatorios que sustentaron la acusación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y, tras admitirse esta vía de aceptación de cargos, el juez “A” del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, dictó la sentencia respectiva.
La condena fue por dos delitos, específicamente fiscalización electoral de fondos y financiamiento electoral no registrado. El juez Fredy Orellana le impuso una pena de un año de prisión por cada cargo, además de una multa de Q20 mil.
“Sin embargo, dado que la sindicada se acogió a este procedimiento, las penas fueron reducidas en un cincuenta por ciento”, compartió el MP.
Imputación contra Ligia Hernández
El MP señaló que, en su declaración, Ligia Hernández aceptó la imputación completa que hizo esa entidad. Agregó que la misma incluía señalamientos acerca de que, como parte del personal responsable de la organización política, evitó que el Tribunal Supremo Electoral pudiera realizar su función de control y fiscalización de fondos públicos y privados con respecto a las organizaciones políticas.
Supuestamente, habría realizado acciones encaminadas a ocultar el origen real de la obtención de fondos por parte de la organización partidaria.
Asimismo, la institución indicó que la funcionaria admitió que la agrupación política emitió recibos de ingresos económicos sin identificar al financista de la aportación dineraria. Y reconoció que firmó 11 informes financieros.
De igual forma, el Ministerio Público enfatizó que el juez verificó que la aceptación de los cargos se realizó de manera libre, consciente, voluntaria y suficientemente informada.
Finalmente, recordó que, hasta ahora, cinco personas más han aceptado su responsabilidad en la comisión de los hechos ilícitos imputados por la fiscalía.
